El Ministerio de Energía tendrá que negociar con el Banco Santander, CaixaBank y Bankia una nueva fórmula para poder hacer frente al pago de los 1.350 millones que estas entidades pusieron sobre la mesa para pagar a ACS y Escal la indemnización por construir el polémico almacén de gas Castor.
Los tres bancos resultaron gananadores en 2014 de la subasta realizada por el Tesoro para titulizar durante 30 años esta deuda que el Gobierno le endosó directamente al sistema gasista y que ahora ha sido anulado por parte del Tribunal Constitucional.
El Ministerio de Industria del momento, dirigido por José Manuel Soria, aprobó un Real decreto Ley para pagar de una sola vez y en un plazo de 35 días la compensación a ACS y Escal y evitar así que les ejecutaran unos bonos emitidos por la sociedad Watercraft Capital y su eventual entrada en un proceso concursal en el que se iban a ver afectadas instituciones como el Banco Europeo de Inversiones, entre otros.
La sentencia de ayer del Tribunal deja claro que el sistema gasista no tendrá que hacer frente a esta cantidad, lo que en la práctica supone que el Gobierno deberá afrontar nuevas fórmulas para pagar los 80 millones que anualmente reciben estas entidades.
El Constitucional anula el artículo 5 en el que se reconocen los derechos de cobro con cargo al sistema gasista, lo que provocará una compleja situación financiera que podría llegar incluso a forzar una devolución del dinero por parte de ACS y scal para comenzar de nuevo el proceso.
El Ministerio de Energía aseguró ayer que está estudiando la sentencia del Tribunal Constitucional.
En una primera valoración, estima que dicha sentencia no declara la inconstitucionalidad total del texto del Real Decreto-ley 13/2014, sino que estima únicamente los recursos interpuestos sobre los artículos referidos a la solución financiera adoptada por un motivo formal. En particular, el Constitucional no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación, por considerar que, con referencia a los preceptos anulados, no se cumplían los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad que se exige para la aprobación de un Real Decreto-ley.
En suma, según el Ministerio, no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido a ACS y Escal, sino que considera que hubiese bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del Real Decreto-ley.
El Ministerio de Energía adoptará las medidas oportunas cuando estudie en profundidad la sentencia del Tribunal Constitucional.
El primer pago de estos derechos de cobro se realizó el 25 de abril de 2016.
El 24 de octubre de 2014 se celebró una junta de los bonistas de Watercraft, apenas 20 días después de la aprobación del rescate realizado por el ministro Soria y el 26 de noviembre, el vehículo dejó de cotizar en la Bolsa de Luxemburgo. Posteriormente, ACS y Escal se disputaron en un juicio los intereses y el reparto de las cantidades una vez cobrada esta deuda.
