Iberdrola y Endesa calculan que pueden recibir más de 605 millones de euros como compensación por el pago de la ecotasa de Extremadura, un impuesto creado en el año 1997 que gravaba la generación de electricidad y que ha sido considerado como una doble imposición que afecta principalmente a la central nuclear de Almaraz.
Las eléctricas -Iberdrola, Endesa y Gas Natural- han logrado ganar los juicios correspondientes a las liquidaciones que van de los años 2006 al 2009 pero el Tribunal Constitucional tiene que decidir todavía sobre el periodo que va desde el año 2010 al 2016.
La Junta de Extremadura ha devuelto hasta el momento alrededor de 70 millones de euros por estos conceptos, lo que implicaría en el caso de tener que desembolsar todas estas cantidades una seria complicación financiera para esta autonomía.
El Tribunal Constitucional emitió la primera sentencia favorable para las eléctricas el 16 de febrero de 2015, estimando la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo a denuncia de Unión Fenosa por la liquidación de 2006 pero su validez se limitaba hasta el año 2009 por los cambios que provocó la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca).
El 29 de enero de 2016, el Tribunal Regional de Apelación de Extremadura transmitió una sentencia favorable de 2007, que ahora ya es definitiva. El 23 de junio de 2016, el Tribunal de apelación de Extremadura recibió la notificación de otra sentencia favorable para 2008, que ahora es definitiva y el 23 de diciembre de 2016, se recibió notificación de la Sentencia por 2009, en el que Tribunal Regional de Apelación de Extremadura desestimó el recurso de casación presentado por la Junta Extremadura.
Las eléctricas recurrieron las autoliquidaciones del impuesto, como es preceptivo, y recibieron la posterior negativa por parte del Gobierno autonómico, lo que permitió a Iberdrola interponer otra denuncia en 2012. En mayo del año pasado el Tribunal Superior de Extremadura volvió a plantear al Tribunal Constitucional una nueva cuestión de inconstitucionalidad, muy parecida a la ya resuelta.
Según explica Iberdrola, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura está emitiendo providencias acordando mantener la suspensión de los procesos, a partir del ejercicio 2010, hasta que el Constitucional se pronuncie.
Tras las sentencias favorables, Iberdrola considera que existe un activo contingente, es decir de posible cobro, correspondiente a los periodos recurridos y pendientes de sentencia. La eléctrica no ha incluido estos ingresos en las mismas pero calcula que ascendería a 387 millones de euros incluidos los intereses de demora devengados desde los correspondientes pagos hasta junio de 2017.
En el caso de Endesa, el monto pagado por Endesa Generación para este impuesto entre 2006 y 2016 ha sido 218 millones, a lo que será necesario agregar los intereses de demora.
Según explica la eléctrica en sus cuentas, los derechos relativos a 2006 y 2007 se cancelaron con una compensación con respecto al pago de impuestos de 2016 y los derechos de cobro correspondientes a 2008 y 2009 aún no han sido reembolsados. Lógicamente, los que van de 2010 a 2016 están ahora mismo en tela de juicio.
Gas Natural, por su parte, el tercer accionista de esta central no desglosa en sus cuentas las cantidades que puede recibir por este concepto pese a que fue la primera compañía en presentar la denuncia contra el mismo.
Futuro de la central
Mientras se resuelve esta situación, el Ministerio de Energía e Iberdrola mantienen un duro enfrentamiento por dos centrales de carbón pero en el trasfondo de esta batalla aparece otro choque de mayor calado: el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, lanzó la primera salva en la junta de accionistas cuando anunció que estaban en pérdidas, lo que ha puesto la espada de Damocles sobre Almaraz.
La central nuclear extremeña será la primera gran central nuclear que puede cerrar. La planta cumplirá los 40 años de vida en el año 2020 y tiene hasta mayo de 2019 para tomar una decisión sobre su futuro en la que pesará notablemente las cargas impositivas que tenga esta central. Iberdrola ha pedido un sistema específico de retribución para las nucleares.
