
Una cosa es la teoría y otra, a veces muy diferente, es la práctica. Entre ambas, las diferencias pueden resultar notables. Algo parecido sucede con la Ley de Aguas y el denominado canon hidroeléctrico. Ésta última es una tasa finalista que tienen que pagar las compañías eléctricas por los aprovechamientos hidroeléctricos y los deterioros que se producen en los ríos, y cuyo importe íntegro debe destinarse a la protección y mejora del dominio público hidráulico del Estado español.
El Gobierno está obligado a cumplir ese requisito legal pese a que la mayor parte de esos fondos este año se dedicarán a otros fines muy distintos para los contemplados en la legislación. Así lo mantienen las cinco principales organizaciones ecologistas del país, quienes denuncian que sólo un 30% de lo recaudado durante 2016 se dedicará al objeto que fue diseñado tanto en la Directiva Marco del Agua como en el Real Decreto 198/2015.
Según se indica en un comunicado conjunto suscrito por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España, el canon hidroeléctrico supone la recuperación de los costes ambientales de uno de los usos del agua. Sin embargo, "esta inversión en la protección de los ríos se ha visto reducida en cada uno de los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años, aunque desde el año pasado, además, incumpliendo nítidamente la normativa vigente", indican las referidas organizaciones.
Conservación de los cauces
Las mismas fuentes recuerdan que la normativa contempla que el 2% de lo recaudado por el turbinado de agua para producir electricidad se debe considerar ingreso de las confederaciones hidrográficas, mientras que el 98% restante debe ir a parar al Tesoro. Y este último importe debe dedicarse a la conservación de los ríos y cauces fluviales.
La información aportada por el Gobierno, en respuesta a una pregunta realizada por Juan López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, confirma el incumplimiento de esta norma: "de los casi 198 millones de euros recaudados por el canon, solo 64 millones se han invertido en la mejora y conservación del dominio público hidráulico, es decir, de los ríos", señala.
Asimismo, las mismas organizaciones ecologistas denuncian la infracción que reflejan las anteriores cifras, pues se ha dejado de invertir una gran cantidad de dinero necesaria para salvaguardar los ecosistemas acuáticos.
Entre otras cuestiones llamadas a proteger con los fondos del canon hidroeléctrico, las organizaciones consideran primordial destinar estos ingresos en proyectos de mejora de la de la continuidad fluvial, medidas para favorecer la migración de los peces y el transporte de sedimentos, recuperar cauces y espacios fluviales, proteger y conservar bosques de ribera o luchar contra especies invasoras que supongan un deterioro de estos ecosistemas.
Pendientes de una inversión de 134 millones
Las asociaciones ecologistas han mantenido reuniones con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para exigir que los 134 millones de euros que se han dejado de invertir en el cuidado de los ecosistemas fluviales, se dispongan para proyectos que mejoren la conservación de los ríos. Dicha cantidad es la que aportan anualmente las compañías eléctricas por el desgaste y deterioro que pueden producir en los ríos en el ejercicio de su actividad.