El precio de la tradicional bombona de butano de 12,5 kilogramos subirá un 5% hasta los 14,88 euros a partir del próximo martes 18 de julio. De este modo, las petroleras podrán recuperar las pérdidas acumuladas durante la primera parte del año cuando el precio debería haber sido más alto pero la limitación de subida del 5% lo impidió, lo que ha provocado la reivindicación de la liberalización del precio por parte de los principales agentes del sector.
Con este nuevo incremento, Energía evita una batalla legal con el sector tras haber estado vendiendo a pérdidas durante los últimos meses. En esta subida, no obstante, se reduce ligeramente el llamado Término C, que supone la retribución que reciben principalmente los distribuidores. Desde que la bombona de butano se situó en su precio mínimo en julio de 2016, cuando se pagaba a 11,27 euros, el coste se ha incrementado un 32%.
El actual precio de la bombona de butano sigue además muy alejado del máximo histórico de la bombona, que se sitúo en los 17,5 euros que tuvieron que pagar los usuarios entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015.
El Gobierno decidió liberalizar la bombona de butano de Cepsa en 2014, menos pesada, y permitir que la petrolera aplicara un precio libre en el mercado, es decir, algo más caro que el regulado y sin obligaciones de servicio a domicilio.
La compañía comenzó a extenderse por algunos de los principales mercados donde antes no operaba (Cataluña, País Vasco y Canarias) y forzó a Repsol a lanzar en mayo de 2015 una botella de las mismas características, la llamada K-12. Este envase, que solo se distribuye en las estaciones de servicio, tiene también un precio libre.
Repsol, por su parte, sigue manteniendo la obligación de suministro a domicilio y a las islas, lo que supone costes adicionales para la compañía, que mantiene una cuota de mercado de más del 70%. El Gobierno negoció en su día la creación de una bombona de butano social para los consumidores más vulnerables, pero finalmente el acuerdo no se cerró.
Clúster del autogas
El sector quiere incrementar el uso del gas licuado de petróleo a través de su uso para automoción y para ello acaba de crear un clúster que va ganando cada vez más peso. La intención es aprovechar las ventajas fiscales que ofrece el producto y las ambientales para incrementar su presencia en nuestro país. El objetivo de sector es llegar a los 1.500 puntos de suministro en los próximos tres años.
Con estas subidas, el sector deja atrás la bronca mantenida con el Gobierno cuando se vio forzado a llevarlo ante los tribunales por los daños sufridos con la aplicación de la orden ministerial ITC/2/2608/ 2009 en la que se fijaban los precios máximos de venta de la bombona. Esta orden fue declarada nula por el Supremo el 19 de junio de 2012. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avaló varias sentencias de la Audiencia Nacional que obligan al Estado a indemnizar a Repsol, Cepsa, Galp y Disa por obligarles a vender butano a pérdidas.
En concreto, el tribunal desestimó varios recursos de casación presentados por el abogado del Estado y confirmó la sentencia de la Audiencia, en la que se reconocía la compensación a la que deberán sumarse los intereses legales. Según las cuentas que realizaron fuentes del sector, el Gobierno deberá indemnizar con más de 200 millones a las petroleras.
