Los estados de la UE quieren reducir a la mínima expresión las medidas para potenciar la eficiencia energética a 2030. Así lo revelan las enmiendas introducidas a la propuesta normativa de referencia, que se votarán en el Consejo Europeo de Energía del próximo lunes; en caso de que se aprueben, el ahorro que se conseguirá al final de la próxima década bajará un 80% respecto al documento original.
El comisario de Energía y Clima de la UE, Miguel Arias Cañete, anunciaba el viernes, durante la Asamblea General de FutuRed, que iba a acudir al citado Consejo "con la escopeta cargada", mientras denunciaba las presiones de los estados miembro para descafeinar las medidas planteadas por la Comisión Europea para fomentar la eficiencia energética o el vehículo eléctrico. Está personalmente orgulloso de propuestas como establecer un objetivo vinculante de ahorro de energía del 30% para 2030 y no le hace ninguna gracia el modo en que los gobiernos están maniobrando para que desaparezcan.
Como ya adelantó elEconomista, ese objetivo del 30% no será vinculante, sino indicativo. Así consta en la última redacción de la revisión de la Directiva 2012/27/EU, junto a otros cambios muy sustanciales, que pueden reducir los ahorros de energía a 2030 en un 80% en relación a la propuesta original, según los cálculos de Regulatory Assistance Project (RAP).
Doble contabilidad
Para alcanzar el objetivo de ahorro de la próxima década, el último texto permite contabilizar los ahorros obtenidos con las medidas de eficiencia aprobadas antes de 2020 -algo defendido por España-, como si fueran nuevos ahorros. Igualmente, admite consignar los ahorros derivados de la aplicación de los estándares de calidad en las construcciones que exige la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, también en revisión.
Si en la primera propuesta de Bruselas se permitía que la energía renovable producida en los edificios o en su entorno se contabilizara como ahorro, la revisión limita esta aportación hasta el 15%.
Y en el caso de la medida estrella de la citada Directiva, la obligación de los estados de reducir un 1,5% de su consumo energético anualmente, el porcentaje sigue igual hasta 2025, pero disminuye hasta el 1% entre 2026 y 2030. No obstante, esta reducción podría no aplicarse si una evaluación del Ejecutivo comunitario, previa al 30 de junio de 2024, concluye que impediría alcanzar los objetivos.
Del texto también ha desaparecido la obligación de los estados de seguir ahorrando el 1,5% de su consumo energético anual después de 2030, a menos que la Comisión no lo considere necesario para alcanzar los objetivos de 2050 en una evaluación originalmente prevista para 2027.
Los cálculos de RAP indican que si la propuesta original de la Comisión se traducía en un ahorro anual de 443 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) en 2030, las nuevas medidas lo reducen a una horquilla de 92 a 52 millones de tep, dependiendo del nivel de ahorro alcanzado en 2020.
Pérdida de 400.000 empleos
Arias Cañete tiene motivos para sacar la escopeta; la UE está en la senda de alcanzar un ahorro del 24% en 2030 y aplicar sus medidas crearía 400.000 empleos, incrementaría el PIB comunitario un 0,4% y reduciría las importaciones de gas un 12%.
