
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, da por cerrado el almacén de gas Castor y comenzará a partir de ahora a preparar su desmantelamiento, tal y como adelantó elEconomista el pasado sábado. La duda existente en estos momentos es si se podrá extraer el gas del interior o habrá que sellar el almacenamiento como un pozo petrolífero, por lo que este es uno de los extremos que tendrá que aclararse en los próximos análisis que se realicen así como el coste del desmontaje que podría rondar los 300 millones.
Los informes presentados este miércoles por el Instituto Tecnológico de Massachusets y la Universidad de Harvard, no dejan dudas: la inyección de gas en Castor provocó los terremotos, pero además alerta de que ha desestabilizado la falla de Amposta, incrementando así el riesgo de terremotos en la zona.
En opinión de los expertos, en un proceso completo de llenado y vaciado, habría el doble de desestabilización de las fallas, lo que podría provocar un terremoto de hasta 6,8 grados en la escala Richter (similar al sufrido en Filipinas hace cinco días o a los de Chile o Italia).
El coste de este documento, el sexto informe que se encarga al respecto, asciende a 600.000 euros, tal y como indicó el secretario de Estado y aunque no analiza si hubo dolo o negligencia en la forma de operar la instalación sí que afirma que con los estándares de la industria, los terremotos existentes eran imprevisibles, un extremo que ayuda notablemente a ACS y Escal a poder esquivar una petición de devolución del dinero recibido.
El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, añadió que la búsqueda de responsables en este caso no le corresponde a la Administración sino a los juzgados y explicó que enviará al magistrado de Vinaroz el informe, puesto ya que lo ha solicitado para que decida si hay responsabilidades.
Por el momento, el coste de Castor supone 80 millones de euros anuales por los pagos a ACS y Escal durante 30 años, lo que supone al menos 2.400 millones. A los que habría que añadir el coste del gas natural que se encuentra en el reservorio, el desmantelamiento y la operación y mantenimiento de la hibernación. Es decir, entre 3.000 y 4.400 millones de euros.
Las reacciones no se hicieron esperar el miércoles y ya se ha pedido a Nadal que aclare quienes fueron los responsables en sede parlamentaria. El informe encargado por el Gobierno ha sido elaborado por siete sabios del Earth Resources Laboratory del MIT. Concretamente, Michael C. Fehler, director del centro, el español Rubén Juanes, David Castiñeira, Bradford H. Hager y Birendra Jha y, por parte de la Universidad de Harvard, John H. Shaw y Andreas Plesch.
ACS y Escal presentaron una informe elaborado por la auditora DNV en el que se aseguraba que la instalación era segura y se justificaba un coste de 1.461 millones frente a los 600 millones que aseguraban que iba a costar la planta cuando negociaban su construcción con el Gobierno.
Los consumidores de gas costean ahora mismo en su recibo el cierre del malogrado almacenamiento y lo harán durante un plazo de 30 años.