Los propietarios de la central nuclear de Almaraz están en una encrucijada. Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP querían enviarle al Ministerio de Energía una carta para solicitar la ampliación del plazo para pedir la renovación de licencia de la nuclear, pero la oposición de Endesa ha provocado que la carta no pudiera cursarse.
Las tres eléctricas mantuvieron una postura común en la reunión de la junta de la Central Nuclear Almaraz Trillo (CNAT) celebrada el pasado 10 de abril, pese a plantearse un escrito más suave que el propuesto en un primer momento por Iberdrola para tratar de acercar posturas y lograr la unanimidad necesaria. Las Agrupaciones de interés económico se exige que las decisiones se tengan que adoptar de forma unánime y las eléctricas tienen dudas en estos momentos de la rentabilidad de las nucleares en el escenario actual. Por ese motivo, quieren que el Gobierno les dé dos años más de plazo, hasta 2019, para poder tomar una decisión.
Endesa, por su parte, considera que se puede seguir adelante y si finalmente los números no salen, siempre existe la posibilidad de desistir y por eso se opone a la petición del resto de empresas del sector.
El planteamiento de Iberdrola se da ante la proximidad de las fechas límite para solicitar la renovación de las autorizaciones de Almaraz I y II (8 de junio de 2017) y Vandellós II (26 de julio de 2017).
Renovación de Vandellós
En las reuniones que se han celebrado por el momento, la postura de Endesa no ha coincidido con el resto del sector, opción que también se mantuvo en la reunión para la renovación de licencia de Vandellós II que se produjo este pasado lunes.
Según la información a la que tuvo acceso este diario, la opción que se planteaba era que el Ministerio de Energía modificase la Orden ITC/1571/2011, de forma que el plazo para solicitar la renovación de la autorización de explotación de las nucleares para que se acorte de los tres años actuales a uno. De este modo, las compañías pueden disponer de un plazo mayor de tiempo para decidir si solicitar o no la renovación de la autorización de explotación.
La petición se apoya en cuatro motivos que han modificado el escenario nuclear español en los últimos años: las pérdidas económicas acumuladas en los últimos ejercicios; los cambios regulatorios que han llevado a un incremento de la presión fiscal; la evolución prevista de los precios de mercado y las inversiones que derivarían de una hipotética renovación.
Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP no se esconden y aseguran que quieren ganar tiempo para que el Ministerio lleve a cabo los cambios regulatorios para garantizar la viabilidad económica de las centrales nucleares y dé certidumbre a su explotación de manera segura.
Hoy está previsto que se reúna el consejo de Nuclenor para analizar el futuro de Garoña. Aunque en las condiciones actuales la planta burgalesa resulta inviable, Iberdrola apuesta por el cierre definitivo y Endesa propone que sea el Gobierno el que adopte la decisión, máximo después de haber esperado tanto tiempo.
20 millones de euros
Son los millones que supondrá esperar a agosto para tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña. Por el momento, la empresa acumula pérdidas de 320 millones que se incrementan a razón de 5 millones de euros mensuales. En cualquier caso, reabrir Garoña costaría 205 millones y cerrarla supondría 100 millones para ambos socios más otros 500 millones para Enresa, encargada del desmantelamiento.
