Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa (GNF), reclamó ayer en el Parlamento catalán la concreción de "la manera única, vinculante y obligatoria mediante la que los entes locales y las empresas suministradoras han de relacionarse", para evitar accidentes como el incendio que en noviembre provocó en Reus la muerte de una anciana que se alumbraba con velas tras un corte de luz ejecutado por la empresa dos meses antes.
Villaseca, que compareció voluntariamente -"es para mí un deber y una oportunidad"-, explicó que lo sucedido respondió a la mala coordinación entre GNF y la Administración de la localidad -"el caso que hoy nos ocupa no es un problema de dinero, es un problema de organización"-, puesto que la compañía no interrumpe el suministro si está informada por los servicios sociales de la imposibilidad del pago; de hecho, así actúa en 18.000 viviendas en España, de las que 140 están en la propia Reus, cuyo municipio sí ayudaba a la finada a costear el servicio de agua.
Protocolo pendiente de elaboración
Y aunque la legislación catalana, la Ley 24/2015, exige que las empresas suministradoras pidan un informe a los servicios sociales antes de proceder al corte, esta petición debe seguir un protocolo pendiente de elaboración.
Villaseca analizó la regulación local y nacional, valoró que "no es una situación clara ni definida", pidió ayuda a sus señorías y recordó que en un plazo de tres meses el Gobierno central debe aprobar varios reglamentos cuya aplicación debería acabar con las lagunas existentes.
Concluyó reiterando su pésame y aseverando que "está en nuestras manos actuar para que la pobreza energética sea una triste recuerdo".
