El Gobierno establecerá el importe máximo que las empresas comercializadoras de electricidad tendrán que destinar a financiar -junto con los servicios sociales- el consumo de luz de las familias insolventes, a las que no se podrá cortar el suministro de energía. Así lo establece el Real Decreto-ley 7/2016, que hoy convalida el Congreso de los Diputados.
El día de Nochebuena se publicó esta norma, que establece un nuevo sistema para financiar el bono social eléctrico -un descuento del 25 por ciento en la tarifa regulada- y que prohíbe cortar el suministro a los consumidores más pobres, tutelados por los servicios sociales, a los que denomina vulnerables severos; el pago de sus necesidades eléctricas se repartirá entre las empresas comercializadoras y la Administración en un porcentaje aún por decidir, aunque el Gobierno quiere que sea a partes iguales.
Los mecanismos y actuaciones necesarios para asignar estas aportaciones económicas deben desarrollarse reglamentariamente, y en este desarrollo deben participar las comunidades autónomas, responsables de la asistencia social, pero el Ejecutivo ha decidido guardarse la potestad de acotarlas: una orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital -previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos- establecerá el importe máximo que dedicarán las comercializadoras.
El Ministerio ya trabaja en el reglamento que desarrolla la medida -introducida para prevenir abusos-, pero aún no hay un cálculo de su importe; en el sector eléctrico se baraja la cifra de 30 millones de euros anuales, suficiente para cubrir las necesidades de 100.000 hogares menesterosos.
Tres meses para el reglamento
El citado Real Decreto-ley establece un plazo de tres meses desde su convalidación para tener aprobado el correspondiente desarrollo normativo. Según ha trascendido, habrá tres reglamentos, uno relativo a la definición del consumidor considerado vulnerable y susceptible, por lo tanto, de acogerse al bono social; otro sobre los procedimientos para interrumpir el suministro eléctrico, y otro para aumentar la protección de los consumidores.
Las grandes empresas eléctricas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevan años trabajando en estas materias, que no están bien definidas en la regulación vigente.
