En el borrador de la Orden de Tarifas de 2017, referida a los costes regulados del sistema para el próximo ejercicio, no aparece mención alguna a los 500 millones de euros que el Gobierno tiene que dar a las empresas eléctricas para devolverles las cantidades que han aportado desde 2014 para financiar el bono social, más los correspondientes intereses.
El bono social es un descuento del 25% en la tarifa regulada de la luz al que tienen derecho ciertos consumidores: los que tienen menos de 3 kW de potencia contratada, los parados, los jubilados y las familias numerosas. Asciende a unos 190 millones de euros anuales y hasta el pasado mes de octubre debían costearlo las empresas eléctricas con actividad en las áreas de generación, distribución y comercialización. Esta condición la cumplen 23 compañías, pero el 96% del coste recaía en las cinco grandes: EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo.
Sin embargo, en octubre el Tribunal Supremo dictaminó, en varias sentencias a las que ha tenido acceso elEconomista, que esa forma de financiar el bono es discriminatoria y debe modificarse, porque exime arbitrariamente a otras empresas relevantes del sector. Los jueces, además, establecieron que las eléctricas que lo venían sufragando deben ser indemnizadas por las cantidades abonadas desde la aplicación del sistema hasta la fecha de ejecución de las sentencias, más los intereses que correspondan hasta la fecha de reintegro.
Se asume que la cantidad a reintegrar ronda los 500 millones de euros, pero no aparece referencia alguna a ellos en el borrador de la Orden de Tarifas de 2017.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado en el Senado y en el Congreso que su cartera ha recurrido las referidas sentencias del Supremo, argumentando primero ?un incidente de nulidad? -algún defecto que puede anular los fallos- y especificando después que ?debería haberlo dictaminado el Tribunal de Luxemburgo?.
En las propias sentencias se hace alusión a la conveniencia de que el Tribunal de Justicia de la UE se hubiera pronunciado sobre la adecuación de la normativa española a las directrices comunitarias.
Se espera que la resolución de este recurso tarde bastante, por lo que el Ministerio ha optado por no considerar el pago en 2017, logrando así cuadrar unas cuentas que, de otro modo, hubieran arrojado déficit, puesto que el superávit previsto es de sólo 9 millones de euros.
Por otro lado, Nadal ha concertado con la oposición las líneas generales de un nuevo mecanismo de financiación para el bono, que cargará sobre las comercializadoras y que espera no sea discriminatorio.
Malestar por las fechas
En otro orden de cosas, varias entidades que forman parte del Consejo Consultivo de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia han mostrado su malestar con el Ministerio por la forma en que éste ha remitido el borrador de la Orden: un viernes víspera de puente, al filo de las tres de la tarde y por trámite de urgencia, lo que otorga sólo cinco días hábiles para remitir alegaciones.
Es una tradición de esta Cartera dar trámite de audiencia a documentos sensibles en días previos a vacaciones y fechas señaladas.
