La Unión de Petroleras independientes asegura que el aumento de los operadores mayoristas "piratas" puede estar generando un fraude fiscal de cerca de 150 millones de euros.
Estas compañías creadas ad-hoc se constituyen formalmente como operadores al por mayor para, en la mayoría de los casos, desmantelarse al poco tiempo sin liquidar sus impuestos con la Agencia Tributaria. Además del fraude fiscal, que reviste fórmulas variadas, estas compañías con frecuencia se liquidan sin llegar a cumplir los porcentajes obligatorios de biocarburantes y la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyos costes también se embolsan antes de desaparecer. De esta forma, las obligaciones medioambientales que incumben al sector quedan también sin cumplir.
Se trata de pequeñas empresas que, en muchos casos, no cumplen los requisitos legales exigidos a los operadores al por mayor. Estos mayoristas se instalan sin vocación de continuidad, cometen el fraude y desaparecen antes de que la Administración Pública actúe. Periódicamente, vuelven a aparecer con otro nombre y utilizando testaferros, aunque evidenciando continuidad con sus anteriores apariciones (dirección, directivos, personal, etc.).
Las causas de esta situación hay que buscarlas en la crisis económica y en la falta de control administrativo, en especial por parte del Ministerio de Industria y del Ministerio de Hacienda, que han contemplado con pasividad el desarrollo de una actividad fraudulenta "normalizada" al amparo de la impunidad que procuran los defectos regulatorios y la parálisis administrativa.
La UPI denuncia esta situación y exige a las autoridades competentes que tomen ya las medidas necesarias para erradicarlas pues en los últimos meses, en lo que parece ser un efecto-llamada, esta práctica se ha multiplicado y convertido en una bolsa estable de fraude, con técnicas cada vez más variadas y sofisticadas.
