Más de siete millones de personas asumen el gasto desproporcionado en energía -el 17% de la población- y alrededor de 4 millones -el 9%- declaran ser incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Descárguese gratis el último número de elEconomista Energía
Los datos son demoledores pero, hasta el momento, nuestro país carece de una estrategia definida de lucha contra la pobreza energética, si bien los principales partidos políticos parece que se lo están empezando a plantear.
En el documento Cinco acuerdos para el consenso elaborado recientemente por el PP, se incluye la creación de un fondo nacional para atender situaciones de extrema pobreza energética. Por su parte, el PSOE acaba de presentar un documento en el que propone la aprobación de una ley de protección de los consumidores vulnerables contra esta lacra social donde se mencionan los suministros energéticos.
En los dos últimos años, diferentes Administraciones Públicas y compañías energéticas también parecen haber tomado conciencia de la situación y están llevando a cabo acciones que garanticen el suministro a familias en situación de precariedad. Se trata, fundamentalmente, de acuerdos entre ambas partes por los que las compañías se comprometen a no cortar el suministro de luz y/o gas de aquellos clientes que los servicios sociales municipales informen como vulnerables, facilitando la forma de pago de las facturas pendientes a través de las partidas que cada Administración haya destinado a este respecto; o, en el caso de que se haya procedido a la suspensión del suministro, tratar de restablecerlo lo antes posible.
¿Para quién son estas ayudas?
El Área de Servicios Sociales de los diferentes municipios adscritos a estos convenios es la encargada de evaluar los beneficiarios de estas ayudas y de proporcionar a la compañía dicha comunicación para que, desde ese momento, deje en suspenso el corte del suministro de ese cliente.
En función del tipo de acuerdo, las compañías mantendrán durante un periodo de tiempo -entre tres y seis meses- la situación de garantía energética, mientras la Administración Pública pertinente gestiona la concesión de la citada prestación. Asimismo, se comprometen a no aplicar intereses de demora, comisiones u otro tipo de gastos para el consumidor.
Principales acuerdos
Endesa asegura que el 46% de sus clientes están cubiertos ante una situación de pobreza energética gracias a los 91 convenios de colaboración firmados por la eléctrica desde 2013, y da cobertura a más de 8,4 millones de hogares (21,4 millones de personas) de 18 provincias españolas, y gestiona favorablemente unas 55.000 facturas.
La compañía también ha lanzado el programa de voluntariado energético 'Ni un hogar sin energía' entre sus empleados -de manera conjunta con Ecodes- para la recomendación de hábitos de consumo, optimización de contrato de suministro eléctrico y medidas de eficiencia energética de bajo coste y situaciones de riesgo en instalaciones eléctricas en hogares vulnerables.
Iberdrola protege a más de cinco millones de sus clientes residenciales -el 80%- de la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura gracias a los 20 convenios suscritos desde julio pasado con diferentes CCAA y ayuntamientos. La empresa mantiene abiertas varias negociaciones con otras administraciones para extender la protección a la totalidad de sus clientes domésticos en España (6,5 millones).
Gas Natural Fenosa también ha llegado a acuerdos con diez comunidades autónomas y ayuntamientos y se encuentra ultimando convenios con los Gobiernos de Cantabria, Euskadi, Baleares y el Ayuntamiento de Castellón.
Además de evitar el corte de suministro, la compañía seguirá manteniendo el pago fraccionado que ya estaba aplicando en situaciones concretas. Viesgo se ha adherido al protocolo de colaboración entre la Xunta de Galicia y las principales comercializadoras, y está trabajando con otras administraciones e instituciones locales en las zonas donde la compañía está presente para favorecer las condiciones de préstamo de servicio y pago a personas vulnerables.
Además de asesorar en materia energética a sus clientes, cuenta con un protocolo de actuación para, entre otras cuestiones, no dejarles sin suministro con reclamaciones abiertas, con planes de pagos activos o el día previo a un festivo.
EDP ha firmado acuerdos en País Vasco (ayuntamiento de Bilbao), Galicia y Asturias. Está pendiente otro en Cantabria y ha iniciado negociaciones con las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón para llegar a acuerdos de protección a clientes vulnerables. La compañía se ofrece a facilitar a las administraciones públicas, servicios sociales y beneficiarios de estas ayudas, asesoramiento en materia de eficiencia energética, así como información y formación sobre distintos aspectos relacionados con la factura.
En virtud de estos acuerdos y para hacer frente a los retrasos en el pago de los recibos o afrontar la cuantía económica que supone el consumo energético de personas en situación precaria, diferentes administraciones regionales y locales han aprobado varias partidas presupuestarias destinadas a ayudar a estas familias en 2016.
