La cuenta atrás ha comenzado. El 28 de marzo concluye el plazo legal para que Abengoa no sucumba al concurso de acreedores, que significaría su condena hacia la liquidación, según coinciden la mayoría de las fuentes consultadas. Antes, no obstante, hay una fecha señalada en rojo en el calendario del grupo andaluz: el lunes 29 de febrero. La compañía ha planteado a proveedores y subcontratistas una quita de deuda de entre el 50% y el 60%.
Ese es el último día para que los trabajadores cobren a tiempo la nómina de febrero. A pesar de la venta de un activo en Abu Dhabi que le reportó 30 millones de euros, hoy la ingeniería sevillana no tiene liquidez para hacer frente a los cerca de 50 millones que supone la masa salarial de su plantilla. Por ello, urge a la banca y a los bonistas a llegar a un acuerdo para que los segundos inyecten dinero y evitar así dejar de pagar a sus empleados por primera vez en su historia.
Sin embargo, las negociaciones entre el denominado G-7, que integran Santander, HSBC, Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell y Crédit Agricole, y los bonistas siguen suficientemente alejadas como para pensar en una solución inminente, según las fuentes consultadas, que ya emplazan un acuerdo -si lo hay- a la próxima semana. Más aún, el objetivo de estos acreedores, que están asesorados respectivamente por KPMG y Houlihan Lokey, es trasladar su propuesta para reestructurar la deuda y, al fin y al cabo, salvar Abengoa, con el apoyo suficiente del resto de entidades que participan en el pasivo del grupo; es decir, el 75% de los casi 9.000 millones de deuda.
En el marco de esta negociación, quién aporta la liquidez y en qué condiciones se plantea como uno de los principales caballos de batalla. La compañía que preside José Domínguez requiere 826 millones en 2016 y 304 millones adicionales en 2017. En total, por tanto, 1.130 millones que incluyen, según fuentes conocedoras del proceso, créditos concedidos en los últimos meses por las entidades financieras.
En concreto, se trata del préstamo de 125 millones que le concedieron en septiembre pasado y los 106 millones de un nuevo crédito en diciembre, cuyo vencimiento está fijado para el 16 de marzo y es, precisamente, una de las cuestiones que está generando problemas. Las necesidades nuevas, por tanto, son en realidad de alrededor de 900 millones. En ellos también se contemplan los 165 millones que Abengoa pidió en enero para sobrevivir hasta el 28 de marzo y que ahora los acreedores quieren incluir en el acuerdo global.
Los bonistas estarían dispuestos a aportar el grueso de esta cantidad a cambio de que los bancos asuman los avales asociados a proyectos por 525 millones y de que, además, liberen las garantías que tienen ligadas a la participación de Atlantica Yield -antigua Abengoa Yield-, equivalentes al 25,4% del capital. De esta forma, la pretensión de los bonistas es "meter en una bolsa todas las garantías y repartirlas en función de lo que ponga cada uno", explican fuentes financieras.
En un inicio, los bonistas pidieron un tipo de interés del 15% más un 10% adicional al vencimiento para dar los 165 millones. Los bancos lo rechazaron, toda vez que ellos prestaron unas semanas antes al 5%. Ahora han flexibilizado su posición y todas las entidades salvo La Caixa, según fuentes del proceso, han accedido ya a liberar las garantías de Atlantica. Hace unas semanas, la entidad catalana aseguró que colabora como el que más para que encontrar una solución para Abengoa.