El gasto energético de las familias en situación de pobreza energética, incluyendo la luz, el gas y otros combustibles, asciende a unos 1.039 euros anuales. Considerando el número de hogares afectados por el problema, alrededor de 1,8 millones, cerca del 10% del total, el coste de solucionarlo ascendería a unos 1.900 millones de euros anuales, el 2,5% del gasto nacional en productos energéticos, que ronda los 74.000 millones de euros al año. ¿Qué es la pobreza energética?
Los datos anteriores proceden del informe Pobreza energética en España, elaborado anualmente por Economics for Energy, un centro de investigación ligado a la Universidad Pontificia Comillas y otras entidades, que fue presentado ayer en Madrid.
La incapacidad de las familias pobres para afrontar el pago de los suministros básicos está de plena actualidad, puesto que es uno de los problemas sociales que las plataformas ciudadanas ganadoras de los comicios municipales quieren abordar. Tanto Manuela Carmena como Ada Colau han anunciado que es una de sus prioridades para Madrid y Barcelona.
Pobreza energética
Con la crisis y las elevadas cifras de paro, el número de ciudadanos que no consigue cubrir sus necesidades energéticas se ha multiplicado por tres en los últimos seis años y ya son alrededor de 1,8 millones. Los territorios más afectados por este tipo de pobreza son Canarias y Andalucía, con más del 15% de la población, si bien en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el dato es aún mayor, superando el 23% en el caso de la segunda.
Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia, han desarrollado legislación para subvencionar la electricidad a los más necesitados, y en alguno de los casos también se incluyen los suministros de agua y gas. La norma catalana ha sido recurrida en el Tribunal Supremo por el Gobierno central.
En el plano estatal sólo existe la cobertura del bono social eléctrico, al que pueden acogerse los consumidores que cumplan ciertas condiciones -potencia contratada menor a 3 kW, situación de desempleo, familia numerosa o pensionista-, que no siempre reflejan una situación de pobreza. El Gobierno anunció en noviembre que estudia un bono social para el gas.
Bono eléctrico
El bono eléctrico, sufragado por las grandes empresas del sector, permite una reducción del 25% sobre la tarifa regulada, se benefician de él casi dos millones de personas y su coste supera los 200 millones de euros anuales.
Las empresas no consideran apropiado que deban soportar esta protección social en sus balances y vienen recurriendo la medida desde hace años. En 2012, el Tribunal Supremo dio la razón a Iberdrola, lo que obligó a realizar una refacturación, pero el Gobierno no ha retirado el mandato de que sean ellas las que corran con el gasto. Las eléctricas siguen pleiteando.