El Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Popular del Congreso presentó este miércoles fuera de plazo una parte de las enmiendas a la Ley de hidrocarburos. En las mismas, el Ejecutivo propone limitar al 30% la cuota de las petroleras medida en las ventas de hidrocarburos. Esta opción afectará principalmente a Repsol y, presumiblemente a Disa, que no podrán reorganizar sus estaciones de servicio en cada provincia para lograr un incremento de cuota de mercado, computada en ventas anuales.
Esta medida afectará principalmente a Repsol. La firma presidida por Antonio Brufau no podrá reorganizar sus estaciones de servicio para no pasarse del 30% estipulado. La firma ha colocado hoy 2.000 millones en bonos híbridos a seis y diez años.
Según fuentes consultadas por este diario, la medida ha sentado como un jarro de agua fría en las compañías que aseguran que este tipo de medidas deberían haberse conocido antes de realizar elevadísimas inversiones en las refinerías en los últimos años.
Infracción grave
La Dirección General de Política Energética publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio "a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen". A efectos del cálculo, el Gobierno considerará que son integrantes de la misma red las gasolineras en propiedad -tanto de explotación directa como de cesión a terceros por cualquier título- y las que tienen un contrato de suministro en exclusiva, así como cualquiera perteneciente al mismo grupo empresarial.
El incumplimiento de estos límites o cualquier práctica de los mayoristas dirigida a determinar directa o indirectamente el precio de venta del combustible a las estaciones de servicio será considerado como una infracción grave, lo que supone multas de 30 millones.
El Ministerio además da un paso adelante para controlar el número de estaciones de servicio existentes de forma que pedirá a las comunidades autonomas que detallen los proyectos de apertura de nuevas instalaciones.
Las estaciones tendrán que comenzar a informar de los cambios de precios con una mayor frecuencia, así como del volumen de venta; y la marca y se incluirá el gas natural para vehículos.
La nueva normativa tambien dará un plazo hasta el 1 de julio de 2016 para aplicar las modificaciones a los contratos en exclusiva de los operadores al por mayor después de que varias sentencias hayan puesto en jaque la situación anterior.
Origen de las gasolinas
Las gasolineras independientes podrán además dar a conocer el origen de sus productos para dar mayor trasparencia al consumidor.
La Dirección General de Política Energética podrá solicitar "en todo momento" una copia de los contratos de suministro en exclusiva entre operadores al por mayor y estaciones de servicio, para "poder supervisar adecuadamente" el cumplimiento de las limitaciones establecidas.
El PP también permitirá a la CNMC "condicionar" la metodología de las tarifas de acceso a las instalaciones de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos y establecer observaciones y recomendaciones para su mejora.
El Gobierno mantiene la obligación de mantener la seguridad de las instalaciones gasistas mediante la imposiciónal distribuidor de realizar la inspección reglamentaria a los clientes que no ejerzan su libertad de elección. El PP propone que los comercializadores dominantes en el mercado de gas tengan que garantizar la liquidez del nuevo mercado mayorista mediante la obligación de venta de ciertas cantidades. La CNMC tendrá que realizar una revisión anual y elaborar una metodología de cálculo de dicho diferencial.
Asimismo, el Gobierno quiere que len a retribución de los almacenes subterráneos puestos en servicio de forma provisional o comercial en 2014 se incluyan las partes correspondientes en la liquidación definitiva de 2014, de acuerdo al régimen transitorio para financiar el déficit existente en el sector del gas.
Las instalaciones de conexión entre un yacimiento y la red de transporte deberán ser financiadas por el titular del yacimiento.
El Partido Popular incluye además una enmienda que mantiene las funciones en materia sancionadora en asuntos de electricidad e hidrocarburos en la CNMC.
Estas funciones debían transferirse al Ministerio de Industria cuando este tuviese los medios suficientes, pero por el momento se mantendrán en el regulador de forma transitoria aunque este los haya reclamado ya en varias ocasiones.
