Red Eléctrica no quiere que Bolivia continúe demorando más la compensación por la expropiación de su filial. Por ello, el operador del sitema está dispuesto a que la próxima reunión con autoridades bolivianas, que se celebrará en mayo, sea la última oportunidad para que el país presente una indemnización "adecuada", porque en caso contrario la compañía irá a un arbitraje internacional.
En un encuentro informativo previo a la junta general de accionistas que se celebrará hoy en Madrid, el presidente de Red Eléctrica, José Folgado, consideró que las últimas propuestas de indemnización están "muy alejadas" de lo que la compañía española considera un valor justo. Aunque descartó dar una valración de lo que pide la compañía, Folgado apuntó que cuenta con una contabilidad auditada por PwC en Bolivia en la que se cifra en 164 millones de dólares el valor de la empresa nacionalizada.
Por otro lado, ante el nuevo proyecto de Ley de Seguridad de Suministro en Canarias, donde Red Eléctrica pasará a tener la gestión de las plantas de bombeo que hasta ahora están en manos de Endesa, el presidente del operador del sistema, José Folgado, defendió la legalidad de la futura norma y aseguró que no contraviene la directiva en cuanto a la separación de actividades ya que también recoge excepciones sobre lo que tiene que ver con la seguridad del suministro y operaciones del sistema.
No obstante, señaló que todas las compañías tienen derecho a acudir a los tribunales en alusión a la intención de Endesa de recurrir la futura ley, al tiempo que recordó que en otros países, como Italia, es el operador de la red, Terna, quien realiza la actividad de bombeo porque se trata de seguridad de suministro.
El presidente de REE también defendió las medidas tomadas por el Gobierno para salir de la crisis en alusión a las previsiones realizadas por el Fondo Monetario Internacional y consideró necesarios los recortes realizados en el sistema eléctrico para encauzar el déficit de tarifa y que también afectan al grupo con 45 millones menos en ingresos.
Folgado apostó por una reforma profunda del sistema pero con actualizaciones cada cinco años. Eso sí, hizo hincapié en la necesidad de no perder la seguridad jurídica.
La compañía prevé una caída de la demanda de un 1,5 por ciento para este año y cifró en entre un 6 por ciento y un 8 por ciento el incremento del beneficio en los próximos años, con unas inversiones que sumarán 2.800 millones de euros. De este importe, un 25 por ciento, aproximadamente 700 millones, será invertido en Baleares y Canarias. Folgado subrayó que la compañía mantendrá un crecimiento del dividendo en línea con el beneficio, con un pay-out del 65 por ciento.
En el día de hoy, REE someterá a la junta algunas propuestas para avanzar en las recomendaciones de buen gobierno corporativo, creación del puesto de consejero independiente coordinador. No obstante, ante las preguntas sobre la posibilidad de nombrar en un futuro en un consejero delegado, Folgado se mostró "partidario de que ese tema no se eche en saco roto y se tenga sobre la mesa".
