Elena González, consejera delegado de Delcae, preside también la Asociación de Sujetos delegados, los únicos agentes autorizados para generar, vender o liquidar los Certificados de Ahorro Energético (CAE). La organización trabaja para impulsar el ahorro energético.
¿Cómo valora el arranque del sistema de Certificados de Ahorro Energético en España tras su primer año?
El sistema ha arrancado bien, mejor de lo que muchos esperábamos. Es verdad que desde fuera puede parecer sencillo, pero no lo es tanto. Hace falta conocer bien el contexto y tener un perfil técnico claro para desenvolverse en este mercado. Al principio, como ocurre en todo nuevo sector, llegaron actores cualificados, pero también oportunistas que no entendían el funcionamiento y pensaban que esto solo era mover papeles.
¿Qué perfil se requiere?
Aquí se necesita conocimiento profundo de eficiencia energética, de tecnologías, de metodologías de cálculo. Esto no es un sistema de medición matemática; hablamos de ahorros teóricos y eso exige rigor. Hemos detectado casos en los que el ahorro presentado era superior al consumo de la instalación. No puedes aceptar algo así. Hay que tener un sistema sólido y eso pasa por alinear a todos los actores y corregir errores de base. Desde la asociación estamos identificando estos fallos y poniéndolos encima de la mesa del Ministerio para que se corrijan. Si se hace bien, esto será un sistema robusto.
¿Qué papel juega la asociación?
Fundamental. Hemos asumido tareas que, en mi opinión, no deberían recaer solo en la administración. Por ejemplo, establecer mínimos de calidad para los sujetos delegados. No puedes permitir que se presenten expedientes sin orden ni criterio. Un expediente mal hecho bloquea a los buenos. Eso nos lo ha dicho el propio Ministerio: uno malo les puede llevar un día entero de revisión, mientras que uno bueno se resuelve en media hora.
¿Está funcionando la verificación?
Ahí también tenemos un cuello de botella. Los verificadores están desbordados. Y eso tiene un impacto en la agilidad del sistema. Si no profesionalizamos el sector y no se exige el perfil técnico adecuado, vamos mal. La eficiencia energética no es una cuestión administrativa. Es técnica. Hay que saber qué se mide, cómo se mide y qué se justifica.
¿Cree que el sistema puede consolidarse en España?
Sí, si se mantiene el compromiso político y se le dota de los recursos adecuados. Esto no puede gestionarse con el mismo equipo si se multiplican por cinco los gigavatios a certificar. Necesitan más medios humanos e informáticos. Además, habría que promover el sistema en otros ministerios, como el de Vivienda. Los fondos europeos para rehabilitación podrían canalizarse a través de los CAE, que son mucho más ágiles y eficientes.
¿Los CAE no llegan al ciudadano?
Ese es uno de los problemas. El sistema, tal como está diseñado no es capaz de atender bien al usuario masivo. Han sacado fichas para electrodomésticos o vehículos eléctricos, pero no hay infraestructura para procesar 10.000 expedientes individuales. La verificación es cara. Si el ahorro medio por electrodoméstico es de 5 MWh y la verificación cuesta más que el incentivo, no sale a cuenta. Hemos propuesto al Ministerio un sistema de muestreo estadístico, como hacen en Francia. Si de 10.000 vehículos presentas 20 a verificación y están bien, se valida el lote completo. Eso sí haría viable que el sistema llegara al ciudadano.
¿Cómo valora la entrada de grandes comercializadoras en este mercado?
Iberdrola, por ejemplo, ha hecho mucho ruido. Está ofreciendo los CAE vinculados a contratos de suministro, lo que plantea riesgos. Si usas los ahorros energéticos para abaratar la factura eléctrica, estás desviando el objetivo del sistema. La eficiencia energética consiste en consumir menos, no en pagar menos por consumir igual o más. Esa venta cruzada puede ser perversa. Hay que tener cuidado con eso.
¿El precio de los CAE se ha estabilizado en el mercado?
En absoluto. El precio medio ha estado entre 115 y 140 euros/MWh, pero eso depende de la oferta y la demanda. La demanda está clara porque se reparte en la orden ministerial cada año. El problema está en la oferta: no hay suficientes proyectos. Y eso hace subir los precios. Además, hay una percepción errónea de valor. Un proyecto de 100 MWh tiene el mismo coste de verificación que uno de 5 GWh, pero el precio que piden es el mismo. Eso no es viable. Los costes no escalan igual y hay que explicar bien esto al mercado.
¿Hay suficientes fichas disponibles?
Tenemos 114 fichas, frente a las más de 200 que tiene Francia. Pero más que el número, lo importante es su calidad. Algunas están redactadas de forma ambigua y dan lugar a múltiples interpretaciones entre gestores autonómicos, verificadores y sujetos delegados. Hay fichas que se contradicen. Eso genera inseguridad jurídica y bloquea proyectos. Estamos trabajando con el Ministerio para corregir las de frío industrial, compresores y variadores de velocidad. Pero hay que hacerlo con más agilidad.
¿Cómo está funcionando el sistema en las administraciones públicas?
Muy lentamente. Las licitaciones en modo obra no permiten aprovechar los CAE con facilidad, porque el ahorro es de la administración. En cambio, en los contratos de servicios energéticos no hay problema: el ahorro lo obtiene la empresa adjudicataria. Hemos propuesto introducir una cláusula estándar en los pliegos que permita ceder el ahorro al adjudicatario, pero los servicios jurídicos, sobre todo los de Patrimonio, ponen muchas trabas. Consideran que se está enajenando un bien del Estado, cuando en realidad hablamos de un ahorro teórico que aún no existe, sin valor económico hasta que se convierte en CAE.
¿La validez de tres años para los ahorros es suficiente?
Sí, incluso yo la acortaría. El sistema debe ser proactivo, no reactivo. Tiene que servir para planificar inversiones futuras, no para monetizar decisiones ya tomadas.¿Qué le pediría al Ministerio de Transición Ecológica?Que apoyen el sistema con recursos, no solo con palabras. Y que lo compartan con otros ministerios. El potencial es enorme. Francia, que tiene el doble de tamaño económico, certifica 75 TWh anuales. Nosotros apenas llegamos a 4,8 TWh Deberíamos aspirar a estar en los 30 TWh.