El Gobierno ha desvelado los problemas para comunicarse que se produjeron el día del apagón entre el Centro de control del operador del sistema eléctrico (Cecoel) y los centros correspondientes a las distribuidoras, es decir, a las grandes eléctricas.
Según recoge el informe elaborado por el Ejecutivo, el sector eléctrico ha identificado dificultades en las telecomunicaciones tanto entre los centros de control y los equipos desplazados, así como en algunos casos entre el propio Cecoel -una de las infraestructuras más críticas del país- y los centros de mando de las grandes eléctricas.
Según indicaron fuentes consultadas por este diario, para la reposición del servicio fue necesario utilizar en muchos casos comunicación vía satélite y en algunos, incluso los walkie-talkies de la Guardia Civil para llevar a cabo la puesta en operación de algunas plantas.
El comité del Gobierno ha tenido constancia de las llamadas de diversos agentes al centro de control del Operador del sistema, solicitando información sobre las variaciones de tensión observadas y mostrando sus preocupaciones.
Una buena cantidad de estas grabaciones obran ya en poder de la Audiencia Nacional que mantiene abierta una investigación sobre el apagón, pero la existencia de estos problemas ha generado serias dudas sobre la capacidad real de resiliencia de algunas de las infraestructuras críticas del país.
El informe presentado por Red Eléctrica no hace énfasis en estos problemas de comunicaciones entre su centro de control y los operadores durante el desarrollo del apagón. Esto sugiere que, desde la perspectiva del Operador del Sistema, los factores de comunicaciones no fueron destacados como causa ni como un problema central durante el incidente. Sí se evidencia, no obstante, cierta falta de información en tiempo real desde las distribuidoras.
REE indica que "no se dispone de información para valorar los deslastres realizados en la red de distribución" porque las compañías de distribución no aportaron datos detallados de cuánta carga cortaron ni los tiempos exactos de actuación.
Esta carencia de datos refleja una brecha en la comunicación y coordinación entre REE y las distribuidoras durante el evento, aunque el informe del operador lo presenta más como un asunto de información posterior al incidente que como un obstáculo operativo en medio de la emergencia.
El Comité del Gobierno, consciente de la gravedad de esta problema, ha planteado recomendaciones en el área de telecomunicaciones (dotar de telemandos y comunicaciones resilientes a las redes), en ciberseguridad (obligar a operadores críticos a tener planes robustos, backup de comunicaciones satelitales, vigilancia de tráfico, etcétera), y en marcos normativos y organizativos (mejorar la coordinación entre agentes, agilizar trámites para refuerzos de red, actualización de planes de reposición incorporando lecciones aprendidas).
El Ejecutivo explica que los planes de seguridad integral deben contemplar escenarios de fallo simultáneo eléctrico y de comunicaciones. Por ejemplo, las subestaciones y centros de control necesitan alimentación auxiliar confiable (SAI, generadores) para sus sistemas de control, de modo que sigan operativos incluso sin electricidad.
Asimismo, el Gobierno considera crucial elevar la capacidad de las redes de comunicaciones industriales del sistema (mayor ancho de banda, menor latencia) para poder desplegar tecnologías de monitorización en tiempo real.
Nueva ley
Esto permitiría detectar fenómenos inestables con antelación y reaccionar mejor. La resiliencia pasa también por la redundancia: disponer de rutas alternativas de comunicación y sistemas de respaldo que entren en acción automáticamente.
Ante esta situación no parece extraño que el Ministerio del Interior haya decidido dar un paso adelante y reforzar su escudo frente a amenazas híbridas y catástrofes con una nueva ley de protección de infraestructuras críticas.
El objetivo de esta nueva norma será garantizar que sectores como la energía, el transporte, las finanzas, la salud o las telecomunicaciones puedan seguir operando incluso ante ciberataques, catástrofes naturales, crisis sanitarias o amenazas terroristas.
A diferencia del marco anterior, la nueva ley introduce un cambio sustancial: deja atrás la protección exclusiva de infraestructuras físicas para centrarse en la resiliencia de las entidades que prestan los servicios esenciales. Esto implica reforzar no solo las instalaciones, sino también los procesos internos, las capacidades de respuesta y recuperación, los sistemas de información y la formación del personal.
La industria reclama un informe unificado de las autoridades
El Foro Industria y Energía ha pedido mayor transparencia informativa y un marco regulatorio estable para facilitar la inversión industrial, tras analizar el informe oficial del apagón eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril.
Según ha informado la entidad, de la que forman parte operadores de energía y fabricantes de equipamiento e infraestructuras energéticas, el documento presentado por el Gobierno no despeja las dudas del sector y añade incertidumbre en un momento clave para las decisiones sobre electrificación y descarbonización.
La organización muestra a través de un comunicado su preocupación por la posible existencia de versiones censuradas del informe, lo que cuestiona si la industria española, como gran consumidora de energía, tiene acceso a la información completa y real sobre los riesgos del sistema. Además, critica la falta de una narrativa unificada entre el informe gubernamental, el de Red Eléctrica y el próximo análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.