Barcelona
A la espera de conocer los motivos que provocaron el apagón del pasado 28 de abril, el presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, advierte de que el veto al gas ruso que prepara la Unión Europea duplicaría el coste de las compras de gas para la industria energética del continente. El dirigente pidió en el V Foro Catalunya organizado por elEconomista.es bajo el título 'El resurgir empresarial de Catalunya' que la Comisión Europea encuentre soluciones compatibles con el derecho europeo para no tener que pagar igualmente el gas que no compren.
Naturgy envió la semana pasada una misiva a la Comisión Europea advirtiendo de que las empresas europeas deberán seguir pagando el gas ruso con los contratos de "take or pay" firmados que, en el caso de la cotizada española, se prolonga hasta 2042. Reynés se pronuncia así el mismo día en el que los distintos ministros de Energía se reúnen y antes de que las instituciones comunitarias formalicen su propuesta de sanción.
La cotizada tiene contratos firmados de miles de millones que, según los estándares actuales, debería pagar igualmente, aunque no se lleve el gas. "Entendemos la búsqueda de soluciones para que Rusia no cobre dinero por su gas, pero la Unión Europea no puede dispararse en el pie", avisó. "Tenemos que buscar soluciones acordes con el derecho internacional y que si no nos llevamos el gas no lo tengamos que pagar", añadió.
De no hacerlo, las empresas deberán pagar igualmente por un gas que no podrán utilizar. "La industria europea pagará igualmente por una molécula que no ha consumido y que tendrá que pagar dos veces y el proveedor ruso habrá cobrado por esa molécula y luego podrá venderla en otro sitio", comparó. Más en un momento en el que las alternativas al gas ruso están, en muchos casos, todavía en fase de desarrollo.
"Además, esta detracción provocará un repunte de los índices del gas, entre ellos el TTF que es la referencia para la compra de gas y la referencia para la fijación marginal del precio de la electricidad en los pools", alertó. "Mirémoslo todo en general porque la medida, que puede ser muy loable, no provoque que el incumplidor es el beneficiario y el incumplido es el que paga", remató.
El veto es una dificultad en un contexto al que hay que añadir el potencial impacto de la escalada de tensión entre Irán e Israel. "Lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser mucha volatilidad", auguró.
El apagón
Más allá del veto al gas ruso, otro de los grandes temas que sobrevoló la intervención de Reynés fue el apagón del pasado 28 de abril. El ejecutivo no entró a valorar las causas del apagón, pero sí desgranó algunos de los problemas que tiene la red actual. "Un cambio en el mix tiene que ir unido de unas infraestructuras que aguanten este cambio", señaló. "De ahí a nuestra insistencia en la inversión en las redes de transporte, tanto de alta tensión como de media o baja tensión", añadió.
Y es que las eléctricas hoy tienen limitadas las inversiones que hacen en transporte y distribución. Y todo lo que pase de esta limitación no estaría retribuida. "Falta inversión en ambos campos, de ahí nuestra voz reclamando poder invertir", añadió.
El apagón llegó además en pleno debate sobre la vida de las nucleares en España. "Nuestro planteamiento es práctico, cuando se firmó el acuerdo de 2019 las circunstancias eran muy diferentes. Desde entonces el despliegue de las renovables ha sido más lento, ya no tenemos carbón y las curvas de precio del pool horario detrae la fotovoltaica, por ejemplo", dijo. Además, han aparecido nuevos usuarios de demanda no contemplados hace seis años, como los centros de datos o el despegue de la inteligencia artificial. Con la nueva situación, pide no basarse en "un acuerdo desfasado para decisiones estructurales y muy comprometidas".
Por ello, Naturgy pide alargar la vida de la central de Almaraz hasta 2030 y no se alineó con Iberdrola y Endesa en este campo. "Lo miramos desde el punto de vista técnico; la central podría funcionar con las inversiones como hasta ahora y estos tres años nos darían margen para hacer un análisis más sosegado", defendió.
El caso catalán para Naturgy
Reynés también analizó la política y realidad energética catalana, marcada durante años por el lento despliegue de las energías renovables. "Obtener un permiso en otras comunidades podía llevar 36 meses y aquí superaba los diez años", lamentó.
El ejecutivo pidió contemplar opciones como la hibridación de plantas fotovoltaicas para generar más energía con las mismas ubicaciones, pero alertó del cuello de botella existente en las redes de transporte donde, a su juicio, "hay que incrementar con el esfuerzo inversor".
El ejecutivo destacó además sus planes de crecimiento con energías como el biometano, tecnología para la que pretenden ubicar siete plantas más en Cataluña.