El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto una consulta pública para la elaboración de un nuevo Real Decreto de envases y residuos de envases, con el objetivo de adaptar la legislación española al Reglamento (UE) 2025/40, publicado el pasado 22 de enero y que será aplicable a partir de agosto de 2026.
El nuevo reglamento europeo impone requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida de los envases —desde su diseño y etiquetado hasta su recogida y reciclaje— para reducir el impacto ambiental. A raíz de esta norma, el Gobierno pretende derogar el actual Real Decreto 1055/2022 y adoptar una nueva regulación que corrija deficiencias detectadas desde su entrada en vigor.
Entre los fundamentos de esta reforma se encuentra el informe exhaustivo elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado en julio de 2024, que identificó importantes obstáculos estructurales en el modelo de gestión de residuos de envases vigente en España.
La CNMC advierte que, aunque la normativa permite la existencia de varios sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAPs), en la práctica el sector ha estado dominado durante décadas por dos actores: Ecoembes (para envases ligeros y de cartón) y Ecovidrio (para vidrio). Esta estructura ha sido calificada por el organismo regulador como un monopolio de facto, contrario a las buenas prácticas observadas en otros países europeos como Alemania o Francia, donde varios SCRAPs compiten por prestar servicios más eficientes y económicos.
El informe identifica múltiples barreras de entrada para nuevos operadores, entre ellas la excesiva complejidad en los trámites de autorización, el uso del silencio administrativo negativo, plazos desproporcionados para la firma de convenios con entidades locales y la ausencia de un marco normativo claro para la coexistencia de varios SCRAPs. Asimismo, se critica la falta de mecanismos efectivos para el cambio de sistema por parte de los productores, lo que impide dinamizar el mercado.
La CNMC formula un paquete detallado de recomendaciones para reformar el modelo actual. Propone simplificar los procedimientos de autorización de nuevos sistemas, incluyendo la supresión del silencio negativo y la reducción de las cargas documentales. Plantea también la creación de un sistema de convenio único entre todos los SCRAPs y cada administración local, con compensaciones económicas proporcionales a la cuota de mercado, al estilo del modelo alemán. Además, defiende el establecimiento de un organismo de supervisión independiente que actúe como árbitro entre los distintos agentes y resuelva disputas con celeridad.
La CNMC considera prioritario mejorar la trazabilidad de los residuos mediante auditorías y programas de caracterización, así como introducir medidas específicas contra el fraude. También recomienda prevenir los conflictos de interés derivados de la participación de asociaciones empresariales o gestores de residuos en la estructura de gobierno de los SCRAPs, especialmente en el caso de envases comerciales e industriales. Otra de las propuestas clave es fomentar la competencia en la adjudicación de residuos, mediante una regulación más detallada de los procedimientos electrónicos de asignación a recicladores, evitando así la concentración en manos de unos pocos operadores.
El nuevo real decreto no solo deberá incorporar las disposiciones del Reglamento europeo, sino también abordar las disfunciones del sistema nacional. España genera anualmente 8,6 millones de toneladas de residuos de envases, según datos de Eurostat recogidos en el informe de la CNMC, lo que equivale a cerca de 183 kilos por habitante. Gestionar este volumen de forma eficiente es clave para alcanzar los objetivos de reciclaje y sostenibilidad fijados por la Unión Europea.