Diego Lamelas, hasta este jueves consejero dominical de Energy Solar Tech, presentó su renuncia a dicho puesto a través de un comunicado horas después de que la compañía le remitiese un requerimiento formal para que cesase "inmediatamente" de realizar acciones desleales contra la cúpula de la empresa con el objetivo de reemplazarla.
Según informó la compañía dirigida por Alberto Hernández Poza mediante un comunicado remitido al BME Growth, la empresa tuvo conocimiento de que Lamelas estaba llevando acciones que tenían por objeto "alterar de forma encubierta la composición y el control del órgano de administración, al margen de la normativa vigente en materia de mercado de valores, gobierno corporativo y sociedades cotizadas".
Concretamente, el consejero pretendía, según lo expresado, promover una sustitución completa del actual órgano de gobierno por otro íntegramente controlado por el grupo Erbi Energía, el cual posee actualmente una participación del 12,5% de Energy Solar Tech. Cabe señalar que Lamelas fue incorporado al consejo de administración de Energy Solar Tech en 2023 precisamente en representación de Erbi Energía.
Entre las prácticas realizadas por el antiguo consejero, se encontrarían la celebración de reuniones privadas con accionistas en las que se habrían ofrecido beneficios personales a cambio de apoyo accionarial, el lanzamiento de campañas de desprestigio contra el actual gobierno o la emisión de afirmaciones contrarias a las decisiones adoptadas por el consejo. Además, Lamelas habría pretendido —como así figura en uno de los puntos del orden del día de la junta, convocada para el próximo 20 de mayo—, cesar al actual consejo de administración, al presidente y al consejero delegado, para reemplazarlos por un nuevo órgano bajo el control del grupo Erbi Energía.
Estos graves hechos se suman a los que tuvieron también lugar hace un mes, cuando la compañía detectó que Abel Martín Sánchez, consejero y dueño del 10,6% de las acciones, se deshizo de casi 100.000 acciones sin el conocimiento de la sociedad y encontrándose en una lista de información privilegiada, lo cual conllevaba la prohibición expresa de realizar operaciones accionariales hasta dentro de un año. Como consecuencia, la compañía comunicó al BME Growith su intención de interponer acciones legales contra el consejero.
