Galicia
El Consello de Contas insiste al Ejecutivo autonómico que tiene pendiente de aplicación su recomendación para "transparentar la actuación financiera" de Impulsa Galicia y Recursos Naturales de Galicia. Ambas son dos sociedades en las que la Xunta es "el socio de referencia que posee la mayor participación de todos los accionistas", según recoge el informe económico-financiero de las entidades instrumentales de la Xunta correspondiente al año 2023, que publica Contas.
El documento responde al Gobierno gallego -que efectuó alegaciones- que "en ningún caso" el organismo fiscalizador señala que Impulsa Galicia y Recursos Naturales de Galicia sean sociedades públicas autonómicas según el criterio de la Lofaxga , la ley de organización y funcionamiento de la administración general y del sector público autonómico de Galicia.
El informe recoge que la existencia de indicio de control público o, en todo caso, la innegable influencia pública significativa recomienda incrementar las exigencias de transparencia y control", subraya el Consello de Contas, que, en consecuencia, no estima la alegación.
Impulsa Galicia fue creada en abril de 2021 y se presenta como una sociedad público-privada promovida por la Xunta para agilizar iniciativas empresariales tractoras que incidan en la dinamización, el progreso y la transformación de la economía gallega a través de un modelo verde y digital.
A finales de 2023 fue constituida la 'utility' Recursos de Galicia, sociedad mixta conformada por 33 empresas y la Xunta, en este caso para impulsar proyectos relacionados con la producción de energía, mineros y que requieren la concesión de agua.
Marco normativo
El informe remitido este martes a la Cámara autonómica constata que en el caso de la sociedad para el desarrollo de proyectos estratégicos 'Impulsa Galicia', la Xunta tiene una participación directa del 40% del capital, que llega al 48% de participación total al computar con la participación indirecta y cuenta con el 50% de los derechos de voto.
En lo que respecta a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales de Galicia RDG, el gobierno gallego es el mayor accionista con el 30% de participación directa en el capital social.
Además, el informe especifica que "la concurrencia de otros elementos en estas empresas como la promoción pública de estas iniciativas, la composición de los órganos de administración, la sede social en instalaciones públicas, la designación de directivos y el derecho de veto o bloqueo en las decisiones de las sociedades son indicadores de control público y/o influencia pública significativa", reza.
De esta forma, expone su cuestionamiento q que la Xunta "no ha aprobado un marco normativo ni tiene implantadas medidas de gestión" que incrementen el nivel de transparencia y supervisión en estas entidades en las que la participación pública, aunque pueda no ser mayoritaria, es muy relevante.
Control público
En el apartado de recomendaciones aceptadas pendientes de aplicación, el documento recoge la de "establecer medidas normativas y de gestión oportunas para transparentar la actuación financiera de las entidades en las que la Xunta sea el accionista, socio o partícipe de referencia y para que la actuación de estas entidades sea sometida a control, supervisión pública y rendición de cuentas.
En particular, Contas indica que esta recomendación resulta aplicable a Meisa y filiales, Sotavento, Impulsa Galicia y en la sociedad para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales de Galicia RDG. 'Impulsa Galicia', que no rindió cuentas ni se integró en los presupuestos generales, fue creada en abril de 2021.
El documento recoge que la Xunta cuenta con una participación del 48,02% en el capital y el 50% de los derechos de voto, y reitera, y agrega que la presidencia de la sociedad corresponde a la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana.
Así, y teniendo en cuenta todos estos elementos, y que la Xunta figura como accionista de referencia, Contas insta a que debe arbitrar las medidas oportunas para transparentar la actuación financiera de esta entidad y para que su actuación sea sometida a control público.
Setenta entidades
De forma generalizada, el órgano fiscalizador vuelve a afear a la Xunta, en el informe de su "deficiente" modo de presupuestar por motivos que repite desde hace años, tales como el desplazamiento de gastos entre ejercicios o la falta de justificación de las bonificaciones fiscales, que aumentan un 15% en este caso. A esto se unen reproches como que el 20% de la contratación se realiza en procedimientos sin concurrencia y competencia entre licitadores.
Así, resume que la Conta Xeral "refleja razonablemente la actividad económico-financiera desarrollada en el ejercicio", aunque pone diferentes reparos al proceder de la Xunta: falta de actualización del marco contable, modificaciones de crédito aprobadas sin financiación clara, incorrecta activación de gastos corrientes, inadecuada valoración del inmovilizado y de las dotaciones y amortizaciones practicadas.
El ámbito de esta Conta Xeral abarca a la Administración gallega general y 70 entidades instrumentales, lo que supone un incremento de dos más respecto al año anterior. Uno de los aspectos recurrentes en cada informe anual es cómo la Xunta desplaza gastos correspondientes al ejercicio a evaluar.
De tal forma, el Consello de Contas advierte de que se registraron con cargo al ejercicio 2023 gastos de ejercicios anteriores por importe de 79,21 millones, mientras que dejaron de registrarse gastos correspondientes a dicho ejercicio por importe de 39,27 millones, por lo que el resultado presupuestario está infravalorado en 39,94.
Además, el remanente de tesorería está sobrevalorado en esa cantidad de 39 millones no imputados. También observa un incremento del fondo de contingencia, que alcanzó en 2023 un total de 187 millones de euros y "sigue empleándose para la cobertura de gastos", principalmente gasto corriente que son objeto de una deficiente presupuestación.
