
Cataluña actualiza los precios de la revisión de la instalación del gas natural de las comunidades de vecinos después de casi 20 años.
La Generalitat ha aprobado recientemente una resolución (EMT/647/2025, de 19 de febrero) por la cual se modifica la manera de calcular la tarifa de la inspección periódica de la Instalación Receptora Común (IRC), situada en la fachada de los edificios. No obstante, no actualiza la que afecta a las instalaciones que se encuentran dentro de las viviendas particulares.
Fuentes del Departamento de Empresa y Trabajo explican a elEconomista.es que, desde el año 2007, la tarifa de la inspección comunitaria era un importe fijo que no tenía en cuenta el número de puntos de suministro que tenga la finca, sino que establecía un precio fijo por comunidad, independientemente del número de vecinos.
De este modo, a partir de ahora, con la nueva metodología se pasa a tres valores diferentes en función del número de puntos de suministro. En resumen, hay dos tipos de inspecciones periódicas de gas: las de las instalaciones receptoras individuales, que se realizan en la vivienda, y las de las instalaciones receptoras comunitarias. Antes el precio era de 46,85 euros, mientras que ahora hay tres tarifas: 13 euros por suministro por hasta 10 puntos; 11 euros por suministro si hay entre 11 y 30 puntos; y 9 euros por suministro si existen más de 30 puntos.
Toca cada cinco años
La IRC se trata de un activo de las distribuidoras y, por normativa, debe someterse a una inspección de seguridad obligatoria cada cinco años. Actualmente, estas inspecciones las realizan las distribuidoras y su coste es asumido por los usuarios mediante las facturas del gas que emiten las comercializadoras, con precios fijados por las comunidades autónomas.
Desde la Generalitat defienden que fijar el precio máximo por punto de suministro en servicio garantiza una distribución más cuidadosa de los costes, permite un ajuste más realista al trabajo de inspección, fomenta una gestión más eficiente de las instalaciones y asegura la sostenibilidad del servicio para las empresas y los usuarios.
A instancia de Naturgy
"Si el coste de la inspección se distribuye por punto de suministro en servicio, se garantiza que cada usuario pague en función del uso real de la infraestructura común. En cambio, si el precio fuera un importe fijo por toda la instalación, los usuarios con menos puntos de suministro pagarían proporcionalmente más (o mucho más) que aquellos con muchos puntos, generando una situación de injusticia", aseguran a este diario desde el Departamento de Empresa y Trabajo.
Nedgia Cataluña (Naturgy) ha sido la empresa que ha presentado escrito ante la Dirección General de Industria solicitando que se procediera a la actualización de los importes.