La preocupación ciudadana por la contaminación química de los recursos hídricos ha crecido notablemente en los últimos años. En concreto, la presencia en el agua de contaminantes emergentes como los residuos de medicamentos, los microplásticos o los conocidos como químicos eternos (PFAs) está siendo objeto de debate e investigación en todos los países de la Unión Europea debido a la dificultad que existe para eliminarlos totalmente utilizando tratamientos de depuración convencionales.
Estos compuestos se encuentran habitualmente disueltos en las aguas residuales y, aunque su porcentaje de concentración es muy reducido, tienen un potencial tóxico significativo que puede representar un peligro tanto para la salud humana como para los ecosistemas, ya que tienden a acumularse en los organismos vivos y son muy difíciles de degradar.
Aunque los efectos de estos contaminantes en el medio y largo plazo todavía no se conocen con exactitud, su persistente presencia está generando gran inquietud entre la comunidad científica, lo que ha provocado que empiecen a surgir las primeras medidas para controlarlos desde el punto de vista regulatorio.
Bruselas ha actualizado recientemente la a Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas que endurece los requisitos en el ámbito de la depuración con el objetivo de "lograr un medio ambiente libre de contaminación de aquí a 2050". Para ello, la nueva regulación europea obliga a todas las ciudades de al menos 1.000 habitantes a cumplir las normas de tratamiento de aguas residuales en diez años, establece plazos concretos para la implementación de tratamientos avanzados y exige implantar tecnologías específicas para eliminar los residuos farmacéuticos, microplásticos y PFAS.
En base a esta norma, los Estados miembros tendrán que eliminar del agua el nitrógeno y el fósforo de aquí a 2039 en aquellas instalaciones que cubran poblaciones a partir de 150.000 habitantes equivalentes y deberán acabar con los microcontaminantes para 2045 utilizando tratamientos cuaternarios, los únicos capaces de eliminarlos. Además, las ciudades más grandes tendrán que mejorar la gestión de las aguas pluviales para reducir las emisiones de materia orgánica y otros contaminantes.
Reducir el riesgo medioambiental
Una de las principales novedades es la introducción del principio de Responsabilidad Ampliada del Productor, una figura que obliga a los sectores farmacéutico y cosmético -entre otros- a financiar gran parte de los costes asociados al tratamiento de los contaminantes relacionados con su actividad. Y es que según datos publicados por la OCDE, entre el 30% y el 90% de los fármacos que toman los ciudadanos por vía oral, como antibióticos, hormonas y analgésicos, pueden ser excretadas por el organismo acabando en ríos y suelos como sustancias activas. De hecho, la Comisión Europea afirma que los productos farmacéuticos y cosméticos son los responsables del 90% de los microcontaminantes presentes en las aguas residuales y aludiendo al principio de "quien contamina paga", demanda a la industria se haga cargo del 80% del coste de estos tratamientos (el 20% restante lo asumirán los Estados miembros).
El Ejecutivo europeo estima el impacto de esta medida en unos 1.200 millones, pero la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (Efpia) lo eleva a entre 5.400 y 9.600 millones de euros.
Más allá de las tecnologías mejoradas de tratamiento de aguas residuales, Bruselas prepara medidas destinadas a evitar y limitar las emisiones al aire, el agua y el suelo. La reforma de la legislación farmacéutica que está diseñando la UE pretende endurecer la evaluación del riesgo medioambiental, que ya es obligatoria para todas las empresas farmacéuticas que comercializan sus medicamentos en el mercado comunitario, y crear un grupo de trabajo destinado a este fin en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Incluso plantea la posibilidad de denegar una autorización de comercialización cuando las empresas no presenten evaluaciones suficientemente fundamentadas.
