Una veintena de comercializadoras de energía se han reunido este viernes bajo el paraguas de su congreso anual. Organizado por la asociación ACIE, el evento ha servido como punto de encuentro para poner en común inquietudes y preocupaciones en torno al sector, como la falta de capacidad de las redes o la necesidad de introducir mejoras a nivel regulatorio.
Víctor Hernández, presidente de la asociación, ha abordado algunas de las últimas noticias que atañen al sector, como el blindaje al impuesto del 7% a la generación eléctrica, la continuidad de la tarifa regulada PVPC o las últimas medidas adoptadas para atajar las llamadas comerciales.
Hernández, quien ha podido atender en conversación a elEconomista.es, cree que una prohibición total de la contratación telefónica en el sector eléctrico a través de móviles, tal y como se plantea en un proyecto de real decreto, podría "limitar" la competencia y consolidar las cuotas mayoritarias de mercado. Según su argumentación, las llamadas son la vía que escogen las comercializadoras más pequeñas para dar a conocer sus productos a los clientes, ya que otros canales de publicidad masivos, como a televisión, la radio o internet, son más accesibles para las grandes compañías. "Estas llamadas nos posibilitan dar a conocer nuestros productos", ha indicado.
En cambio, por lo que sí aboga es por introducir una regulación "adecuada y equilibrada" en las llamadas, ya que las malas prácticas "hacen un gran daño reputacional". Como ejemplos, el presidente considera que se debería establecer un mayor control sobre estas empresas externas —que suelen ser quienes ejecutan este tipo de llamadas—, así como facilitar en los terminales de los consumidores una identificación completa del teléfono que realiza la llamada. También, propone introducir medidas más exigentes para su registro y la publicación de una guía de buenas prácticas.
Sobre las tarifas reguladas —en alusión tanto a la TUR como al PVPC—, el presidente de ACIE se confiesa europeísta; cree que estas tarifas deberían mantenerse, aunque de forma reservada a los colectivos vulnerables. "El resto de clientes que disponen de una situación económica más favorable tienen más de 500 comercializadoras de luz y gas para escoger una tarifa competitiva", ha añadido.
Por último, Hernández se ha mostrado partidario de la reducción de impuestos sobre la generación de electricidad, en línea con lo que demanda Europa. Esta medida, aplicable a todas las comercializadoras por igual, contribuiría en última instancia a abaratar la factura de los consumidores.
Otro de los aspectos destacados de la jornada lo ha introducido el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien ha inaugurado el congreso. Groizard, quien cuenta con los datos de seguimiento que realiza el IDAE sobre consumidores vulnerables, ha señalado que la mayoría de ellos está fuera del mercado regulado y, en consecuencia, no tienen derecho al bono social.
En su opinión, esto se debe a las malas prácticas comerciales que precisamente realizan muchas de estas empresas externas. "En la mayoría de casos es porque en algún momento, incluso durante la monitorización que les estábamos haciendo, recibieron una llamada que les prometía el oro y el moro y les prometía precios competitivos", dijo.