El Ministerio para la Transición Ecológica defiende la continuidad de la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) como una herramienta de salvaguarda para los consumidores domésticos. Este sistema, que fue recientemente modificado para incluir referencias a productos a largo plazo y reducir la volatilidad de los precios, sigue siendo considerado clave para proteger a los hogares en un contexto de fluctuaciones del mercado eléctrico.
La Comisión Europea pidió en diciembre pasado que España presente una hoja de ruta para eliminar gradualmente el PVPC, una tarifa a la que actualmente pueden acogerse tanto los hogares como las microempresas, sin importar si están en situación de vulnerabilidad o pobreza energética. Bruselas exige al Gobierno español que evalúe si esta tarifa regulada es aún necesaria y proporcional. También solicita un análisis sobre los progresos realizados para lograr una competencia efectiva entre los suministradores de energía.
España tenía hasta el 1 de enero de 2025 para presentar a la Comisión Europea un informe que justificara la necesidad de mantener esta intervención pública. Dicho informe debía incluir una evaluación de los avances en la mejora de la competencia, así como un análisis del impacto financiero que los precios regulados tienen en el sistema energético.
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido la importancia de mantener el PVPC, no solo para los consumidores vulnerables, sino también como una opción para el resto de los usuarios. Según Aagesen, el PVPC no es una tarifa fija, sino dinámica, ya que se basa en los precios del mercado eléctrico. Además, destacó que las modificaciones recientes han añadido referencias a los mercados de futuros, con el objetivo de mitigar la volatilidad que caracteriza al mercado spot. Estas medidas, asegura, hacen del PVPC una herramienta valiosa para proteger a los consumidores en un sistema energético en constante cambio.
El Ejecutivo también ha señalado que, pese a la existencia del PVPC, los consumidores finales tienen libertad para contratar su suministro en el mercado libre en cualquier momento. El PVPC refleja los costos de la energía en el mercado mayorista, los cargos de red y los gastos operativos de la comercializadora regulada (COR), pero no permite la inclusión de otros productos o servicios adicionales, ya sean energéticos o de otro tipo.
El Gobierno ha transmitido estas explicaciones a Bruselas en el marco de las negociaciones en curso. A más tardar el 31 de diciembre de 2025, la Comisión Europea evaluará la situación del mercado minorista de electricidad en toda la Unión Europea. Como resultado, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, el cual podría incluir una propuesta legislativa que establezca, si es necesario, una fecha límite para la eliminación de los precios regulados.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca garantizar que el PVPC siga desempeñando un papel clave en el sistema energético español, protegiendo tanto a los hogares vulnerables como al resto de los consumidores frente a las fluctuaciones del mercado eléctrico. Por contra, la medida puede suponer un varapalo para los comercializadores independientes de energía.
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La Comisión Europea reclama también al Gobierno español que facilite la transición a la libre competencia en el mercado mediante campañas de información periódicas, al menos trimestrales, para informar a los consumidores acerca de la disponibilidad de ofertas y ahorros en el mercado competitivo, en particular de los contratos con precios dinámicos de electricidad. Debe prestarse asistencia a los consumidores para que opten por una oferta basada en el mercado, según indica Bruselas.