El Gobierno ha puesto en marcha el engranaje para tener lista, antes de final de año, la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, con el objetivo de reducir, de manera progresiva, esta lacra social que se ha agravado en los últimos años en España.
Los datos son demoledores. El último informe de indicadores de pobreza energética en España de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, señala que el 10% de la población –unos 4,6 millones de personas– se retrasaron en el pago de las facturas energéticas y que el 17% de los hogares españoles –unos 8 millones de personas– gastaron más del doble de la media nacional en energía en 2023.
El documento también indica que cerca del 21% de la población española -unos 10 millones de personas- no pudieron mantener sus hogares con una temperatura adecuada en invierno. Un dato que coincide con las cifras que maneja la agencia estadística Eurostat y que convierte a España –junto a Portugal– en el país de la UE con la tasa más alta en este indicador, duplicando así la media europea, que se situó en el 10,6% en 2023.
Si nos ceñimos a las condiciones meteorológicas, vemos también que el número de defunciones en España por causas atribuibles a temperatura entre el 1 de enero y el 21 de febrero de este año asciende a 1.647 personas, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo).
Las temperaturas elevadas también se cobran víctimas. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 34% de las familias españolas no puede afrontar el calor por falta de recursos, siendo los más afectados los hogares monoparentales y aquellos en los que viven menores.
La nueva Estrategia que prepara el Gobierno, y que se elaborará en base a la opinión y aportaciones de particulares, organizaciones y entidades interesadas a la consulta pública previa que el Ministerio de Transición Ecológica abrió el pasado 23 de enero y que finaliza el 28 de febrero, será el segundo plan que vea la luz.
El primero fue aprobado en abril de 2019 con un periodo de ejecución hasta 2024. En aquel momento, la información de los cuatro indicadores oficiales utilizados para medir la pobreza energética en España (correspondientes a 2017), ya reflejaban que entre 3,5 y 8,1 millones de personas se encontraban en esta lamentable situación en nuestro país. Para paliar esta situación, se fijaron 19 medidas con la intención de mejorar un 25% los datos de cada uno de los indicadores en 2025 y con la meta de alcanzar una reducción del 50% en esa fecha.
Sin embargo, cinco años después, solo se han implementado el 21% de las medidas y un 42% de las mismas no se han puesto en marcha, según el último análisis de Ecodes. De hecho, muchas de ellas, tal y como recoge el documento, han sido consecuencia no tanto de la planificación, sino de la necesidad de dar respuesta a la crisis del Covid-19 y, posteriormente, a la crisis energética a raíz del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Aunque desde Ecodes reconocen que estas circunstancias han sido extraordinarias, piden al Gobierno que la nueva Estrategia, además de ser ambiciosa, cuente también con recursos suficientes para ponerla en marcha y con sistemas de evaluación que midan su grado de implementación y efectividad.
La importancia del bono social
Una de las medidas incluidas en la primera Estrategia, y que no se ha logrado implementar, planteaba la creación de un nuevo bono social energético que atendiera a tres principios: universalidad de fuentes de suministro, automatización y coordinación entre administraciones públicas. En líneas generales, se ha comprobado que el bono social no está teniendo el alcance deseado y que no todos los beneficiarios (aun cumpliendo alguno de los requisitos) lo necesitan realmente.
Según datos del Miteco, a 31 de diciembre de 2024 el número de beneficiarios del bono social eléctrico en España ascendía a 1.641.084 personas, de las que 766.637 (46,72%) pertenecen a la categoría de vulnerables, 867.286 (52,85%) son vulnerables severos y 7.161 (0,43%) están en riesgo de exclusión social. Asimismo, de la cifra total, el 25,42% de los beneficiarios (417.209) son familias numerosas, el 4,3% (79.234) son jubilados con pensión mínima y el 1,78% (29.274) cobran el Ingreso Mínimo Vital.
Aunque para paliar los efectos de la pandemia y de la crisis energética el Gobierno puso en marcha una serie de medidas que incluyeron mejoras del bono social –aumento de los porcentajes de descuento e inclusión de forma temporal de nuevo colectivos como beneficiarios–, lo cierto es que son muchas las voces que señalan que este tipo de ayuda sigue sin alcanzar a todos los potenciales beneficiarios.
Según un estudio elaborado por EsadeEcPol-Oxfam Intermon, casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales no reciben el bono social eléctrico. Entre las razones están el desconocimiento de la ayuda, no saber qué requisitos deben de cumplir, o no saber cómo tramitarlo. Para mejorar la eficiencia de esta ayuda y lograr el alcance deseado, una de las propuestas se centra en que sean las Administraciones (y no los hogares) las que se coordinen con las comercializadoras para identificar qué hogares son susceptibles de recibir el bono.
El documento también señala que un porcentaje elevado de los hogares que se benefician del bono social no son familias vulnerables. De los más de 400.000 beneficiarios que cumplen la condición de familia numerosa, uno de cada tres no son de renta baja; de hecho, más del 60% de los hogares tienen ingresos medio-altos, mientras que solo el 40% tienen ingresos bajos. Para evitar esto, se propone introducir un máximo de renta que excluya a los hogares que verdaderamente no lo necesitan. Asimismo, también se propone priorizar cualquier tipo de ayuda o subvención destinados a la ejecución de medias relacionadas con la rehabilitación energética para aquellos hogares que no puedan asumir sus costes.
Entre las propuestas que la Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) ha presentado a la consulta pública sobre la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, destaca la de crear un Bono Social de Biomasa que incentive la instalación de equipos modernos de calefacción con biocombustibles sólidos.
Iniciativas solidarias
Son muchas las entidades, empresas e instituciones que, cada vez más en los últimos años, están llevando a cabo distintas iniciativas para dar visibilidad a este grave problema y ayudar así a combatir la pobreza energética. Una de ellas es Fundación Energía Responsable, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es luchar contra la pobreza energética e impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector energético.
El pasado 6 de febrero celebró la III edición de su tradicional Cena Benéfica donde consiguió recaudar 111.117 €, destinados a miles de familias sin calefacción ni agua caliente. Durante la velada se anunció el lanzamiento del Banco de Energía, un proyecto dirigido a cualquier entidad del ámbito energético que quiera compartir o hacer llegar energía con los que más lo necesitan. El evento congregó a 300 profesionales y contó con el apoyo de varias entidades, entre las que destaca la energética Visalia.
Asesorar mejor ayuda a salir de la pobreza energética
Además de los bajos ingresos y el alto gasto energético, la Comisión Europea señala que hay otra variable que también contribuye a la pobreza energética y es la baja eficiencia energética del hogar. Un experimento realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y publicado en la revista Nature Scientific Reports, demuestra que el asesoramiento energético es eficaz para aumentar la eficiencia energética del hogar, reducir el consumo y el porcentaje de ingresos que se gasta en energía.
El experimento de coaching energético, con sede en Ámsterdam, ha mostrado una tasa de éxito del 75% en el alivio de la pobreza energética, ya que ha permitido que los hogares redujeran sus gastos de energía a la mitad. Por un lado, 67 hogares recibieron un informe sobre su consumo de energía junto con asesoramiento sobre cómo aumentar la eficiencia energética. Por otro lado, 50 hogares recibieron estos elementos además de un dispositivo inteligente que les informaba en tiempo real sobre su consumo de energía. En ambos casos, los hogares redujeron el consumo mensual de electricidad en un 33% y el de gas en un 42%. En total, sus facturas disminuyeron un 53% y el porcentaje de sus ingresos que destinaron a energía se redujo del 10,1 al 5,3%.