La Vicepresidenta Ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha abierto una consulta pública para modificar el Reglamento sobre ayudas de estado y el Código de buenas prácticas con el objetivo de cumplir el llamado Convenio de Aarhus.
Dicho convenio permitirá a las ONG y otros miembros del público solicitar una revisión interna de los actos administrativos comunitarios que contravengan la legislación ambiental, una decisión que puede suponer la eliminación de ayudas de estado si se considera que los proyectos afectan al medioambiente o puede convertirse en un arma adicional que retrase la puesta en marcha de los proyectos industriales.
De este modo, la vicepresidenta inicia una reforma ampliamente esperada por parte del llamado Tercer sector (las ONG) después de que se ratificara que la UE no cumple dicho convenio al no proporcionar procedimientos administrativos o judiciales para que el público impugne las decisiones sobre ayudas estatales que contravengan la legislación ambiental de la UE.
Ribera recabará ahora la opinión de las partes interesadas sobre la modificación planteada hasta finales de marzo. Las modificaciones propuestas establecen un nuevo mecanismo que permitirá a los ciudadanos solicitar a la Comisión que revise las ayudas estatales (como podrían ser los 4.000 millones para gas de Alemania) para determinar si contravienen la legislación ambiental.
La Comisión establece las modalidades del procedimiento de revisión interna, tales como quién puede solicitar la revisión, qué decisiones pueden ser objeto de la misma y los plazos aplicables.
Para ello, dentro del anexo III ha creado un formulario para la presentación de una solicitud de revisión interna. La ONG que recurran tendrán que tener dos años de vida e incluir en sus actividades el motivo que genere la queja. Además, deberá presentar pruebas de que cumplen los criterios establecidos.
Plazos
Cuando proceda, Bruselas podrá consultar a otras autoridades nacionales pertinentes de cualquier Estado miembro para verificar y evaluar la información facilitada por la ONG o el abogado que los represente en relación con los criterios de admisibilidad.
Las autoridades nacionales consultadas deberán facilitar una versión no confidencial de sus observaciones en un plazo de 30 días.
La solicitud de revisión interna deberá ser presentada por la organización no gubernamental en un plazo no superior a 8 semanas a partir de la publicación de la decisión de la Comisión sobre la ayuda estatal. La Comisión deberá exponer sus motivos en una respuesta lo antes posible y, a más tardar, 16 semanas después deberá informar o explicar las causas de su retraso.
La organización no gubernamental que haya presentado la solicitud de revisión podrá interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de conformidad con el Tratado Fundacional de la UE.
Fuentes consultadas por elEconomista.es aseguran que la medida puede convertirse en una nueva barrera burocrática para la aprobación de proyectos de inversión.
