La fotografía de docenas de coches amontonados en aquella calle de Sedaví, una de las localidades valencianas más afectadas por la DANA, se ha convertido la imagen más icónica del desastre. A priori, parecía imposible contabilizar la cantidad de vehículos apilados. Turismos, furgonetas, caravanas, motos… todo convertido en una amalgama mezclada con barro, cañas y, también, mobiliario urbano igualmente arrastrado con furia por la riada. Al poco, esa misma calle se erigió como símbolo de la paulatina recuperación de la normalidad; ya sin coches apilados y sólo con el rastro del lodo, ver de nuevo el gris del pavimento de las aceras empezó a reconciliar al pueblo con la realidad previa a la tragedia.
No obstante, y siendo siempre prioritaria la atención a las víctimas, esa estampa dibujaba el estallido de otra crisis de proporciones también dramáticas: la Cámara de Comercio de Valencia calcula que hasta 120.000 vehículos se vieron afectados por el temporal, obligando a improvisar hasta 60 desguaces en descampados y en zonas no habilitadas para el tratamiento de residuos con una potencialidad contaminante tan elevada.
Más allá de la lógica ausencia de infraestructuras suficientes para asumir una crisis de tal magnitud, pronto surgió otra amenaza de consecuencias difíciles de calibrar. No pocos vecinos de pueblos como Catarroja recibieron la recomendación de confinarse en sus casas, cerrando puertas y ventanas, por los incendios declarados en estas campas donde las autoridades gestionan a marchas forzadas los residuos de los vehículos siniestrados.
En apenas 48 horas, dos incendios elevaron la alerta sanitaria por los humos y gases contaminantes liberados. Bomberos del Consorcio de Valencia y del Ayuntamiento de la capital, apoyados por la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias, se afanaron en sofocar los fuegos ante el peligro de explosiones y de liberación de gases capaces de generar afecciones respiratorias graves a las poblaciones.
Aunque este ha sido un episodio más de la emergencia en la que sigue instalada Valencia, la problemática trasciende los límites de la provincia y se extiende también más atrás en el tiempo, separándose del vínculo directo con las consecuencias de la DANA. De hecho, los incendios se han convertido en la principal causa de pérdidas materiales en la industria a nivel global. Según Tecnifuego, el sector del seguro en España estima que se producen 120.000 incendios anuales, y el pago realizado por las aseguradoras asciende a 379 millones de euros.
Desde 2018, el número de incendios en vertederos y plantas de reciclaje de residuos contabilizados por las autoridades no ha parado de crecer. En 2023 la Guardia Civil detectó 109 incendios, lo que significa que en España arde una planta de reciclaje cada cuatro días. Y 2024 va camino de registrar un nuevo récord: a falta de cifras oficiales, han sido contabilizados más de 140 fuegos. Se trata de una cifra similar a la de 2021 y 2022, donde también se superaron los 100 incendios, pero muy superior a la de años anteriores, cuando los casos eran aislados.
Desde la negligencia hasta la intencionalidad
Plantas que trabajan por encima de sus capacidades, una sociedad que cada vez genera más residuos y, en ocasiones también, una falta de compromiso público y de ayudas a la gestión. Las causas de los cada vez más usuales incendios en plantas de reciclaje son diversas. Si bien desde la asociación achacan el incremento de sucesos a la implementación de placas fotovoltaicas en las cubiertas las naves y a la presencia de baterías de ion-litio en las plantas de reciclaje, la Guardia Civil no descarta que es trate de fuegos intencionados que buscan volatilizar, sin más, la necesidad de gestión. Tal y como señalan desde la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la delincuencia ambiental es ya el cuarto tipo de actividad delictiva más lucrativa, justo por detrás de las falsificaciones.
El año que ahora comienza es el que la Directiva Marco de Residuos señala como hito para que el 55% de residuos municipales sean reciclados, iniciando el camino hacia el 60% en 2030 y el 65% en 2035. En el ámbito nacional, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados establece las pautas para la correcta gestión de los desechos, procurando fomentar la prevención, reutilización y el reciclaje. Por eso, la necesidad de contar con plantas suficientes y que estas estén correctamente habilitadas se revela no sólo como una necesidad, sino como una obligación.
A la complejidad de cumplir los objetivos legales se suma, desde 2018, el veto de China a la importación de residuos de terceros países. Hasta el 1 de enero de ese año, España solía exportar casi el 60% de sus residuos plásticos al país asiático, pero el cierre de fronteras dejó a los centros de reciclaje de nuestro país sin capacidad para tratar todo el plástico que se exportaba. Tal y como reconoce un informe de la Interpol, los países exportadores de basura han experimentado desde entonces un incremento significativo de la eliminación de desechos a través de "vertederos ilegales e incendios, tanto accidentales como deliberados".
Los vehículos de la DANA, un reto añadido
La retirada de los coches siniestrados de las calles y plazas se reveló urgente desde el primer momento para facilitar las tareas de recuperación. Aun así, las autoridades no despistaban los peligros de acumularlos en espacios no habilitados para tal fin. Es riesgo de incendio "por la presencia de elementos inflamables, fluidos diversos, aceite, gasolina o baterías eléctricas" resultaba evidente, en palabras de la directora general de Prevención de Incendios Forestales y portavoz del Cecopi, Rosa Touris, pocos días después de la riada.
En circunstancias normales, los vehículos son desguazados en centros avalados por la Dirección General de Tráfico. En 2023, la DGT tramitó en Valencia la petición de baja de menos de 46.000 vehículos a lo largo de 12 meses, poco más de la tercera parte de los que han sido registrados durante las primeras semanas después de la DANA. Por ello, el reto logístico no tiene antecedente. Los Centros Autorizados de Tratamiento que cuentan con el aval de la DGT desarrollan sobre los vehículos dados de baja un proceso complejo para gestionar todos los residuos, desde aceites y combustibles hasta cristales, carrocerías y plásticos.
Un vehículo fuera de uso adquiere la categoría de residuo peligroso y tras un primer proceso de descontaminación en el que son extraídos y almacenados todos los fluidos, se retiran los elementos y materiales susceptibles de ser reciclados. Gasolina, líquido anticongelante y de frenos, aceite de motor y otros fluidos reciben tratamientos diferenciados en espacios, además, que observan estrictas normas de prevención y aislamiento, y que suponen sólo un eslabón del proceso de desguazado completo.
En este contexto de urgencia, los peligros se cuentan por docenas. Ya no es únicamente que los potenciales incendios en campas más o menos cercanas a las poblaciones puedan liberar gases y aerosoles perjudiciales para los vecinos; el temor menos visible es que los contaminantes terminen filtrándose al subsuelo, afectando a los acuíferos y a los espacios naturales como la Albufera.
