Galicia
Las patronal eólica de España y empresas del sector de las renovables han vuelto a criticar los cambios normativos que incluye la Xunta en la ley de acompañamiento a sus presupuestos, que aprobará de forma definitiva esta semana el Parlamento gallego, ya que supondrán "ralentizar" proyectos.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) alertan de que el Gobierno de Alfonso Rueda "pone en peligro" el futuro desarrollo de la eólica y la hidráulica en Galicia.
En el último mes, la patronal eólica española ya alertó de sanciones por la "expropiación" de la Xunta a promotores del 50% de energía producida, además de censurar la "perjudicial" iniciativa de repotenciaciones de parques incluida en el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2025.
Las asociaciones inciden en su desacuerdo con las medidas propuestas por la Xunta, " que afectan de manera inmediata al sector renovable regional y a medio plazo" al conjunto del sector eléctrico.. Medidas como las propuestas tendrán como consecuencia inevitable, dicen, un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector". En último término, vaticinan una ralentización del proceso, en perjuicio de Galicia y del conjunto de España.
Lamenta que los cambios normativos incluyan que la tramitación de proyectos eólicos e hidroeléctricos se verá facilitada si se vende determinada proporción de la energía a clientes radicados en Galicia, además de que se prevé el cierre de parques eólicos que decidan no repotenciar a los 25 años de su vida.
Al respecto, reprochan que el cierre de una instalación en perfectas condiciones de operación por una decisión administrativa es "antieconómico" y supone una seria distorsión de la competencia en el mercado, además de ser una medida retroactiva que condiciona la autorización en su día otorgada.
Libre mercado
En segundo lugar, la propuesta de obligar a los promotores eólicos e hidráulicos a vender parte de su energía a empresas e industrias en la comunidad "es contraria a derecho". "Las autorizaciones para la operación no deberían ser un obstáculo al libre mercado.
Una obligación como la propuesta por el proyecto de ley supone una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado, comprometiendo los principios constitucionales en España, en particular el principio de unidad de mercado, y de mercado único europeo.