Las eléctricas quieren poner coto a la especulación existente en los puntos de acceso y conexión a las redes. Las compañías han registrado en los últimos años solicitudes por cerca de 50 GW y aseguran que detrás de las mismas apenas hay un 25% de proyectos reales. Por ese motivo, desde el sector se insta al Gobierno a tomar medidas similares a las adoptadas con la generación para acabar con esta situación.
Para lograrlo, las eléctricas plantean que se extiendan los avales actuales -a partir de 36 kV- al resto de potencias de alta tensión con la intención de poder detectar si existen solicitudes por duplicado o incluso de compañías que han abandonado sus proyectos.
Asimismo, se reclama la creación de alguna tipología de hitos que permita saber si en un plazo de cinco años, los promotores de estos puntos de demanda ( industrias, centros de datos, etc) siguen adelante con los mismos y proponen algún tipo de recordatorio cada dos años que pueda servir para saber que se mantiene la vigencia de dichos proyectos.
En la actualidad, las grandes compañías se quejan de que hay del orden de 15 GW de capacidad solicitada y concedida que no saben si sigue adelante con sus planes, lo que supone bloquear potenciales nuevos accesos y ralentizar proyectos que, por otro lado, podrían resultar viables.
Esta petición se produce justo en los momentos previos a los que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia tiene que dar a conocer su primer documento sobre la propuesta de retribución financiera para las redes de los próximos años.
El sector considera que una valoración de mercado llevaría a situar esta retribución del 5,58 por ciento a cerca del 8,5 por ciento, pero algunas compañías ya hablan abiertamente de que el 7,5 por ciento podría resultar un valor aceptable para todas las partes.
Un incremento de un punto porcentual en la retribución de la red de distribución y transporte supone un incremento de 335 millones de euros al año para los consumidores. De este modo, si se incrementaran estos dos puntos que ven aceptables las eléctricas, supondría un desembolso de, al menos, 3.350 millones de euros adicionales que se cargarían en los peajes.
La tarifa eléctrica supone en un año 42.126 millones de euros de los que 27.919 millones corresponden a la generación, 3.088 millones a impuestos y más de 11.000 millones al negocio regulado (con otros 4.000 millones de impuestos).
La base de activos de redes asciende ahora mismo a 33.500 millones de euros (26.500 millones de distribución y 7.000 millones al transporte)
