Madrid
AOPYDE, la asociación de los operadores petrolíferos y distribuidores de España en la industria y el comercio del petróleo, en la que no se incluyen las grandes firmas del sector como Repsol, Moeve o BP, exige al Gobierno que reconsidere la supresión del llamado impuestazo, para que las grandes energéticas "asuman la carga fiscal proporcional a sus beneficios y que se libere a los transportistas y al consumidor final de un coste adicional injusto".
En opinión de AOPYDE, la presión ejercida por las grandes compañías energéticas sobre el Gobierno para evitar su contribución al impuesto extraordinario "ha dado sus frutos". La patronal sectorial considera que en sustitución de este el Ejecutivo ha puesto en marcha un aumento del impuesto sobre el diésel de automoción, "que recaerá directamente en el consumidor final y en los transportistas autónomos", con las probables consecuencias de una "nueva subida generalizada de precios al consumo".
"El impuesto extraordinario a las grandes energéticas y al sector bancario fue concebido como una medida temporal para que las empresas con altos beneficios durante la reciente crisis energética y financiera asumieran una mayor responsabilidad fiscal", indica la patronal, que tiene entre sus afiliados a BiomarOil o MarTankShip, que han sido inhabilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por un supuesto incumplimiento de sus obligaciones de venta de mezclas de biocombustibles.
La patronal apunta de manera directa a las grandes petroleras del sector y asegura que, a pesar de los objetivos sociales y económicos del impuesto, empresas como Repsol y Cepsa, ahora Moeve, "apoyadas por los partidos nacionalistas", han amenazado con reducir sus inversiones en proyectos clave de energías renovables si la medida no se eliminaba. "En una muestra de fuerza y poder de lobby, estas compañías han logrado que el Gobierno retire el impuesto, dejando en evidencia un chantaje fiscal que menoscaba la equidad tributaria y que desplaza la carga hacia el consumidor final", critican.
Según AOPYDE esto ha derivado en que el Gobierno introduzca un incremento de 10 céntimos en el impuesto sobre el diésel, que se hará efectivo a partir de enero de 2025. "Esta subida repercutirá especialmente sobre los consumidores y sobre un gran número de transportistas españoles, esenciales para el transporte de mercancías en nuestro país".