Galicia
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha vuelto a criticar las propuestas de la Xunta para el sector, ahora en relación con el anuncio realizado esta semana por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, de que los promotores deberán firmar acuerdos a largo plazo con un precio fijo (PPA) con empresas gallegas, "cuando menos", por el 50% de la energía producida. Sobre este extremo, muestra su "rotundo rechazo" ante lo que considera una "expropiación de facto", alertan.
La patronal eólica española sostiene que esta propuesta va en contra de la legislación del mercado eléctrico de la Unión Europea, de la normativa de competencia y de la ley del sector eléctrico. "Cualquier intervención de un mercado liberalizado es un ataque a los derechos fundamentales que rigen en la propia comunidad autónoma gallega, en España y Europa", avisa.
Arremete contra el Gobierno gallego por obligar a vender el 50% de su energía a empresas, ya que "traería consecuencias negativas para el desarrollo económico de la región", pudiendo incluso incrementar el precio de la electricidad para los consumidores.
Y es que la AEE alerta de que, de prosperar la medida, implicará sanciones internacionales y activaría arbitrajes internacionales. Agrega, además, que una ley autonómica en ningún caso puede contradecir una ley estatal y mucho menos europea.
En esta línea, prevé que la medida obligaría a romper los contratos que los promotores hubieran firmado ya con consumidores, generando una judicialización en todo el sector. De hecho, la organización que hay empresas que ya tienen toda su energía comprometida mediante PPA con industriales hasta más allá de 2030.
La Patronal éolica demanda estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, por lo que. este nuevo anuncio del Ejecutivo, dicen, agrava la situación de inestabilidad para las empresas. Desde el sector reclaman que impere el sentido común y el respeto a la legislación vigente nacional y europea.
Repotenciaciones
Hace tan solo unos días, la Asociación Empresarial Eólica ya cargó contra la Xunta por la "perjudicial" iniciativa de repotenciaciones de parques incluida en el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2025, ya que "plantea un cambio de paradigma" que provoca "inseguridad jurídica".
Advertía de que la fórmula "errónea" del texto pone en riesgo a 86 parques de más de 20 años en la comunidad gallega, que suman más 2.000 megavatios. "Choca frontalmente con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico existente", sentenciaba.