Madrid
El acceso a la red es una de las quimeras de los desarrolladores, pero también lo son los conflictos con los operadores —a la sazón, Red Eléctrica, Endesa e Iberdrola—para tratar de hacer un hueco a sus instalaciones en la abarrotada malla eléctrica española. Según los datos recopilados por elEconomista.es de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entre enero y julio, las promotoras renovables han reclamado y perdido la conexión de más de 5,7 gigavatios (GW) —de los casi 6,6 GW en liza—, principalmente por denegación de acceso por prelación temporal y caducidad de los permisos de obras poco antes de recibir las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y otros documentos necesarios para poner en marcha energías 'verdes'.
De estos, casi 4.300 MW son desarrollos solares, mientras que otros 675 MW denegados corresponden a parques eólicos. El resto pertenece a múltiples tecnologías, como la hibridación o sistemas de almacenamiento. No obstante, a un precio medio aproximado de unos 600.000 euros por megavatio en los proyectos fotovoltaicos y en torno a 900.000 euros en los eólicos, la factura en juego en los litigios entre promotores y los operadores de red asciende a 3.200 millones de euros solo en lo que llevamos de año.
Cada una de las reclamaciones ante Competencia cuentan con sus especificidades, pero, a grandes rasgos, se resumen en dos grandes motivos.
Por un lado, está la llamada prelación temporal. Los concursos de acceso a las redes de transporte y distribución son uno de los hitos vitales para poner a funcionar los proyectos, ya sean plantas eólicas, fotovoltaicas o baterías. Con base en este criterio, se queda con la capacidad quien primero solicita acceder.
Las promotoras, entre las que destacan nombres como EDP y Capital Energy, denuncian falta de transparencia en los procedimientos, al declarar que la capacidad de acceso ya fue copada por otros desarrolladores incluso meses antes de que se hiciera pública la capacidad.
Las operadoras se defienden asegurando que esas publicaciones son meramente informativas y que, lo que termina por contar, son los estudios específicos de capacidad que demuestran que la red está saturada una vez los promotores han pedido acceso.
Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) indican su "preocupación" por este asunto, y afirman que existen 7 GW eólicos con las tramitaciones iniciadas que no tienen acceso a la red, muchos de estos proyectos con consumos industriales asociados.
Del mismo modo, otro de los grandes tapones de acceso es la prescripción de licencias de construcción. Una vez que los promotores obtienen estos permisos, disponen de 31 meses para presentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Sin embargo, este proceso que deben llevar a cabo las administraciones supone un cuello de botella cuyos plazos medios son, en muchos casos, superiores a esos 31 meses. De hecho, gran parte de las sentencias recogen que la DIA se habría obtenido escasos meses después de haber caducado los permisos de construcción, lo que obliga a las instalaciones a volver a la casilla de salida e iniciar todo el proceso de tramitación para poner en marcha sus proyectos.
Fuentes conocedoras afirman que, además, el alto grado tanto de capacidad reclamada como la proporción de resoluciones denegadas —casi el 60%—, son síntoma de los "excesivos" cambios regulatorios y la mayor entrada de competencia de los últimos años en el sector eléctrico.
Estas fuentes opinan que ante un entorno con más actores se usan estos mecanismos, que deberían ser de último recurso, para tratar de obtener paliar las carencias del acceso a red.