
La Comisión Europea avanza en la petición de España de crear un mecanismo de pagos por capacidad. Bruselas exige a Ribera que elimine las barreras para el cierre de centrales de ciclo combinado coincidiendo con la primera subasta del futuro mecanismo.
Para el Ejecutivo comunitarios, las barreras para la salida de capacidad del mercado español "mantienen una generación ineficiente en el mercado, impidiendo así la entrada de capacidad que podría ser más apropiada para garantizar la cobertura (por ejemplo, más flexible), y podrían dar lugar a un exceso de capacidad, lo que podría distorsionar las señales de precios, obstaculizando de esta forma las inversiones necesarias para garantizar la cobertura".
Por este motivo, dentro de la fase de consulta del llamado Plan de implementación, las eléctricas solicitaron una actualización de los procedimientos para el cierre o la puesta fuera de servicio de una central eléctrica, con plazos claros para las autoridades que conceden dichos permisos, con el fin de eliminar cualquier problema para la libre salida del mercado eléctrico español.
La Comisión recuerda que la libre entrada y salida del mercado es uno de los principios rectores para el funcionamiento de los mercados de la electricidad.
Pese a esta rotunda afirmación, Naturgy tuvo que iniciar un procedimiento judicial contra España, tras no haber recibido respuesta por parte del Gobierno a la petición de cierre de algunas de sus centrales y alegó que ello constituía una barrera indebida a la salida del mercado.
El Tribunal Supremo estimó la reclamación de la gasista y avaló su derecho a cerrar casi 4 GW de ciclos combinados. La compañía mantiene pendiente otra sentencia en la que el Alto tribunal podría declarar el mismo derecho en su favor para otra cierre de 420 MW.
España, por su parte, alega que, a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo, no es necesario que las autoridades públicas españolas concedan una autorización a Naturgy para cerrar sus centrales. No obstante, la compañía no ha procedido a llevar a cabo ningún cierre hasta el momento.
En la misma línea, la Comisión se ha pronunciado también sobre la falta de liquidez del mercado a plazo y recuerda la importancia de contar con unos mercados líquidos para protegerse de la volatilidad de precios.
España aprobó la creación de unas subastas a plazo -que nunca llegaron a efectuarse- y Bruselas le recuerda que esta medida tendría que cumplir con el Derecho de la Unión e invita a España a evaluar medidas alternativas como un creador de mercado.
Bruselas arremete también contra la situación de las redes. España considera que no hay congestiones internas, pero la Comisión recoge que la red experimenta una congestión interna que podría abordarse con un marco regulador para la planificación anticipatoria de la red y las inversiones.
La Comisión además subraya que el cumplimiento del umbral mínimo de capacidad de interconexión no resulta evidente a partir de los informes de seguimiento de ACER y pide a las autoridades españolas que colaboren para eliminar cualquier discrepancia en los resultados de seguimiento que se publican.