La Agencia para la Cooperación de los Reguladores Europeos (ACER) ha pedido hoy a los Estados miembros que revisen los mecanismos de capacidad en el mercado de la electricidad por el riesgo que los mismos pueden llegar a suponer para el proceso de descarbonización. Según las estimaciones de este organismo, el coste total de los mismos se ha incrementado de forma notable desde 2021 en el que estos pagos ascendieron a 4.700 millones hasta los 6.800 millones (un 44,6% más) que se espera que alcancen en 2023.
Según los reguladores, la inversión pública necesaria para mitigar el impacto de la actual crisis energética pone en contexto el nivel de las subvenciones proporcionadas a través de estos mecanismos de capacidad. Por un lado, el aumento de los riesgos de seguridad del suministro eléctrico exige medidas para garantizar la disponibilidad de los recursos disponibles. Al mismo tiempo, los precios mayoristas, que han alcanzado niveles récord, han generado unos beneficios inesperadamente altos, lo que impulsa la construcción de nuevos recursos (por ejemplo, generación renovable, almacenamiento, respuesta a la demanda) y han provocado que otros vuelvan a ser rentables (por ejemplo, el lignito y el carbón).
Según ACER, la mayor parte de los pagos por capacidad, más de dos tercios, se han dirigido a la capacidad de generación térmica tradicional. Los contratos de capacidad a largo plazo, con un valor medio anual de más de 1.000 millones de euros, apoyan principalmente la capacidad de generación alimentada por carbón y gas natural.
Esta práctica, en opinión de ACER, podría obstaculizar la transición energética y los objetivos de neutralidad del carbono de la UE.
Por ese motivo, el organismo recomienda que los Estados miembros analicen los posibles efectos de bloqueo derivados de los contratos a largo plazo y examinen si los mecanismos de capacidad están en consonancia con los objetivos europeos y nacionales de descarbonización.
