Madrid
UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, aumentó en 2023 la cantidad de energía recuperada mediante la persecución de fraudes eléctricos en su red. A través de un total de 44.000 actuaciones repartidas entre Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, la compañía logró recuperar el pasado año energía consumida de forma fraudulenta por un volumen de 152 GWh, un 44% más que el año anterior. La cantidad equivale al consumo de 47.000 hogares, según hizo público la energética este miércoles.
Las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de más de 12.400 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera, casi el doble que la cifra registrada el año anterior. Madrid registró el mayor número de casos con un total de 6.450 expedientes, seguida de Galicia (3.000), Castilla-La Mancha (2.750) y Castilla y León (250).
Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 168 dispositivos indoor, "la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana", agrega. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.600 viviendas.
El objetivo de UFD en su lucha contra el fraude es prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura. Según algunas estimaciones recogidas por la compañía, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.
Naturgy advierte de que este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera.
Repercusión en el consumidor
El fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico. Naturgy destaca que la normativa en vigor incita a que el coste de la energía defraudada termine recayendo en el conjunto de los usuarios conectados legalmente a la red.
La directora de UFD, Mónica Puente, asegura que el incremento del fraude supone un "enorme" problema social. "Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y de sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico", explica Puente.
Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en el periodo citado.
La empresa recuerda que la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas. La distribuidora ha dispuesto un canal anónimo de denuncias en su web.
