Iberdrola se da hasta el 30 de junio de 2025 para cerrar la operación de compra del 18,4% de Avangrid por 2.348 millones de euros. La eléctrica española tiene que lograr los permisos de las autoridades reguladoras de Maine y Nueva York, así como de la junta de accionistas de Avangrid para poder llevar a cabo la operación.
Para conseguir todos estos permisos, la eléctrica se ha dado de plazo este año que podrá ser prorrogable de acuerdo con Avangrid. Al contrario de los sucedido en el caso de PNM Resources, la operación no se espera que tenga ningún problema para poder superar estas autorizaciones puesto que la compañía tiene anunciados potentes planes de inversión en ambas zonas en redes.
Para llevar a cabo la negociación del precio, Avangrid ha contado con un comité especial -que ha sido asesorado por Moelis & Company- y que ha sido el encargado de representar los intereses de los accionistas minoritarios con un incremento de 1,5 dólares de la oferta de la española, un 8,6%.No obstante, un grupo de despachos de abogados en Estados Unidos han lanzado ya -como hacen habitualmente- lo que llaman una investigación para decidir si presentan una class action ante los tribunales.
Dentro de los despachos que han abierto esta vía figuran los bufetes Kaskela Law LLC , Levi & Korsinsky, LLP, Monteverde & Associates PC, Halper Sadeh LLC, Ademi LLP y Andrews & Springer.
Iberdrola cuenta como asesores de la operación, dirigida por el director de Desarrollo Global, David Mesonero, con los despachos White & Case (Robert N. Chung y Juanma de Remedios) y Clifford Chance (Chang-Do Gong).Por parte de Avangrid, el asesoramiento corresponde a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Jeffrey D. Marell, Ravi Purohit y Steven J. Williams), así como al bufete Latham & Watkins con David Kurzweil y Eyal Orgad.