La Corte Federal Suiza ha confirmado el laudo que condena a España a pagar 29,6 millones a la francesa EDF en concepto de indemnización por la retirada retroactiva de las primas renovables. Esta decisión arbitral, conocida en abril de 2023, fue apelada por España hace ahora un año, abriendo así un nuevo litigio que vuelve a suponer una derrota judicial de nuestro país.
España ha intentado anular el laudo alegando que el derecho europeo no permite celebrar acuerdos de arbitraje en litigios intra-europeos, citando como referencia de jurisprudencia el llamado Caso Komstroy. Sin embargo, la justicia helvética considera que el alcance del artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía es claro al respecto de la validez que otorgan los países firmantes del acuerdo a los posibles arbitrajes que pudiesen surgir a lo largo del tiempo.
Los magistrados suizos piensan que el razonamiento de España "no es convincente" y añaden que el argumentario judicial de la Abogacía del Estado "se basa casi por completo en la exigencia de preservar el carácter específico del derecho comunitario que no tiene en cuenta ni lo más mínimo el derecho internacional y las normas de interpretación de los tratados". En la misma línea, la justicia suiza opina que no cabe apelar a una sentencia europea cuyo alcance está limitado a las fronteras interiores de la UE.
Con esta decisión, se confirma un nuevo laudo condenatorio y se ratifica que las obligaciones pendientes de pago siguen por encima de los 1.550 millones de euros, cifra a la que hay que sumar 250 millones en concepto de intereses de demora, condenas en costas, contratación de bufetes y consultores.
Ante los impagos de España, las empresas afectadas han puesto en marcha distintos procedimientos de embargo de bienes que ya han resultado en la confiscación cautelar de diversos activos financieros e inmobiliarios de nuestro país en Reino Unido, así como un escenario de default técnico que ha encarecido la financiación del Tesoro.
EDF presentó la denuncia contra España en 2016, invocando el Tratado de la Carta de la Energía. El proceso siguió las reglas de arbitraje de la ONU (UNCITRAL) y se administró ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en un arbitraje presidido por un panel conformado por los juristas A. A. Escobar, S. A. Alexandrov y R. E. Vinuesa. La compañía francesa reclamó 52,8 millones de euros, mientras que la sentencia final reconoce una obligación de 29,6 millones que España aún no ha desembolsado. Las empresas afectadas reiteran su disposición a llegar a un acuerdo que sirva para poner fin a la actual situación de inseguridad jurídica generada por los impagos del gobierno de España.