El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prepara una reforma de la Constitución mexicana que puede facilitar el cierre de la operación de venta de Iberdrola en el país, que se esperaba para antes de acabar el 2023.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador propondrá eliminar la Comisión Federal de Competencia (Cofece) que es la entidad que mantiene paralizada la venta de los ciclos combinados de la compañía en el país por cerca de 6.000 millones de euros.
La compañía española tiene previsto presentar sus resultados el próximo 22 de febrero y sigue atentamente la evolución de esta operación que será clave para sus cuentas de 2023.
Según recogía ayer El Universal, dentro de la reforma de López Obrador -que se presentará esta madrugada- se espera que además de la eliminación de la Cofece y del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), se incluya una renovación del Poder Judicial, una reforma electoral, modificaciones en el sistema de pensiones y el planteamiento de que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Asimismo, el diario mexicano recuerda que el presidente mexicano no cuenta con la mayoría en el Congreso de la Unión para que puedan avanzar las 16 medidas que se espera que plantee.
Reforma eléctrica.
López Obrador pretende también instaurar la industria eléctrica como estratégica y de interés público. La medida se produce después de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulase la pasada semana la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 y la declarase inconstitucional.
Según explicó el propio López Obrador, la nueva iniciativa de reforma plantea defender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y revertir el daño a lo público por el predominio de lo privado a partir de la reforma energética de 2013 de Enrique Peña Nieto, que logró modificar la Carta Magna para abrir el sector energético a la inversión privada.
La intención del Gobierno mexicano es que la CFE asuma alrededor del 54% del mercado eléctrico nacional y deje el restante 46% para las empresas privadas. No obstante, el Gobierno de México pretende impugnar la decisión de Corte de Justicia de la Nación, tras registrarse un empate entre los cuatro magistrados presentes en la sesión.
La reforma energética limitaba la participación del sector privado para garantizar una posición preponderante en el mercado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y fue aprobada por el Congreso en marzo de 2021.
Su aprobación fue el detonante que llevó a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a iniciar procesos en contra de México en el marco del tratado de libre comercio, que siguen abiertos.
Por otra parte, las empresas afectadas presentaron diversos amparos, entre ellas Iberdrola. Esta medida suspendió los efectos de la ley de manera temporal hasta que se falló de modo definitivo la anulación de esta reforma que, por lo tanto, no ha llegado a entrar en vigor en ningún momento.
