El Gobierno de Aragón prepara un nuevo impuesto para las energías renovables que se desarrollen en esta región, una de las más pujantes del país para la generación de electricidad limpia. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) consideran que la propuesta puede suponer un grave riesgo para la inversión y la pérdida de miles de empleos en la zona y se suman así a la reivindicación que ya había puesto sobre la mesa Unef.
Las patronales sostienen que además de ir en contra del desarrollo regional de Aragón, el gravamen podría ser contrario al marco fiscal europeo en materia de fiscalidad energética y de desarrollo y penetración de renovables. El Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión Europea, en los apartados 4.1 y 4.3 de su anexo, considera que las instalaciones eólicas y fotovoltaicas son actividades económicas que contribuyen, de forma sustancial, a la mitigación del cambio climático y determina que no causan un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos ambientales, por lo que no se podría justificar un nuevo impuesto que, en opinión del gobierno aragonés, internalice los costes sociales y ambientales de estos proyectos.
La creación de nuevos impuestos a las renovables, de aplicación retroactiva, dañaría gravemente la seguridad jurídica de las inversiones en Aragón, encareciendo innecesariamente los proyectos y dificultando su financiación, frenando la creación de empleo y riqueza en la región.
Aragón es una de las cinco comunidades autónomas con mayor potencia renovable instalada. En 2023, más del 50% de la generación eléctrica de nuestro país fue de origen renovable, teniendo la región un importante papel en este logro. Debido a su potencial eólico y fotovoltaico, se esperaba que Aragón experimentase un gran desarrollo asociado a este impulso a las energías renovables, sin embargo, la creación de impuestos regionales específicos puede poner en peligro este impulso.
Esta amenaza podría afectar también a las decisiones de inversión en otras industrias, debido al efecto que las renovables tienen en el abaratamiento de costes. La competitividad alcanzada por estas energías hace que otras industrias puedan beneficiarse de costes energéticos reducidos mediante la contratación de PPAs (contratos de compra-venta de energía), consiguiendo ventajas competitivas que, con esta regulación, se ponen en riesgo. Debido a esto, el desarrollo industrial se está produciendo en regiones donde se implantan renovables debido a la seguridad de suministro y la competitividad de los costes energéticos. La política fiscal planteada pone en riesgo futuras inversiones en Aragón más allá de las relacionadas con renovables.
Adicionalmente, la norma establece gravámenes a las líneas eléctricas, algo que afectará al desarrollo renovable y a la necesaria electrificación de la sociedad, privando a particulares y empresas de cambiar sus consumos fósiles por un consumo eléctrico más sostenible y menos contaminante.
Objetivos nacionales y europeos
España cuenta en la actualidad con unos ambiciosos objetivos de desarrollo renovable, teniendo como meta alcanzar el 81% de la electricidad proveniente de estas energías, y el 42% de la energía total para el año 2030, lo que implica la realización de fuertes inversiones en los próximos siete años. De forma concreta, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima en cerca de 92.000 millones de euros las inversiones en energías renovables que se llevarán a cabo hasta el final de la década, cifra que se revisará al alza con la actualización del Plan.
Dado que el PNIEC no especifica en qué región deben llevarse a cabo estos proyectos, establecer impuestos regionales tendrá como consecuencia que las compañías y los inversores escojan otros emplazamientos, suponiendo un perjuicio económico claro para Aragón.
La situación se produce además a las puertas de que la Comisión Europea fije los objetivos de reducción de emisiones para el año 2040 y en la que se espera que Bruselas marque una senda todavía más ambiciosa que la actual para alcanzar una reducción de las emisiones del orden del 90% en 2040.
