Zaragoza
El impuesto medioambiental sobre la explotación de las energías eólicas y fotovoltaicas en la comunidad aragonesa y que el Gobierno aragonés quiere poner en marcha –continuando con la iniciativa impulsada por el anterior Ejecutivo liderado por el socialista Javier Lambán-, no gusta al sector de las renovables y, en concreto, a las empresas del sector de la fotovoltaica.
Desde la Unión Española de Fotovoltaica (UNEF) se han dado ya los primeros pasos en contra a esta medida con la presentación de alegaciones a este impuesto con el que Aragón se convertiría en la única comunidad autónoma con este tipo de gravamen con afección a la fotovoltaica.
"Vamos a la mayor", ha apuntado José Donoso, director general de UNEF a elEconomista tras la reunión mantenida hoy en el Gobierno de Aragón. Desde esta organización se va a pedir así la retirada de este impuesto para la fotovoltaica o bien se realicen modificaciones que no sean perjudiciales para el sector. "Nos han dado esperanzas" porque se va a revisar el impuesto.
No obstante, en el sector reconocen estar preocupados porque "el impuesto perjudica obviamente a las empresas". Tal y como está concebido hasta el momento, tendría un coste de unos 1.400 euros por hectárea. Una cantidad que es equivalente a lo que percibe el propietario de la tierra por lo que se podría ver comprometida la viabilidad y rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas. Este impacto sería, además, "importante" en el caso de los grandes proyectos.
El impuesto supondría un doble gravamen porque cada proyecto tiene unas medidas compensatorias
De momento, no se ha optado por paralizar proyectos ni inversiones por este impuesto, que el Gobierno de Aragón quiere empezar a aplicar ya en 2024. "Llega en un momento clave para el sector porque, una vez conseguida la prórroga por el Decreto Ley para llevar a cabo los proyectos, se permite la ejecución", pero hay que hacer "números, mirar la financiación bancaria. "El impuesto entra en el cálculo del negocio" para determinar si es o no rentable".
Además, tal y como hasta el momento está concebido, gravará el impacto ambiental y social que "la fotovoltaica no tiene. Si se hacen bien las cosas, que es como nosotros proponemos, es todo lo contrario. El impacto es positivo" por las menores emisiones de CO2, así como por el fomento de la biodiversidad porque la zona en la que se instalan las placas fotovoltaicas pasan un período de 30 años en el que no hay actividad humana.
Hoy se ha constituido también la Comisión de Investigación sobre la implantación de energías renovables y el papel del INAGA en Aragón
Desde el sector también consideran que supondría un doble gravamen, puesto que cada proyecto tiene unas medidas compensatorias. "Es un impuesto sobrevenido –incide Donoso-, quien apunta además que "no es un impuesto finalista", de inversión en los municipios en los que se pongan en marcha las instalaciones fotovoltaicas.
Los efectos de este impuesto también llegarían a la comunidad autónoma al perder competitividad y, en consecuencia, una menor atracción de proyectos fotovoltaicos y de inversiones industriales.
Autoconsumo y agricultura
"Gran parte del sector piensa que se va a dar marcha atrás", afirma José Donoso. Y, mientras llega la decisión final, UNEF ha extendido su colaboración al Gobierno de Aragón para impulsar las comunidades energéticas, sobre todo en el ámbito municipal, utilizando el autoconsumo. En este sentido, se ha propuesto un convenio de buenas prácticas y de promoción del autoconsumo para que se haga la planta dentro del certificado de excelencia con el fin de maximizar su impacto.
El autoconsumo ha centrado otro de los puntos abordados en esta reunión con el Ejecutivo aragonés, que se ha comprometido a pagar las subvenciones a todas aquellas solicitudes presentadas en tiempo y forma en el marco del programa Next Generation, que llevan más de un año de retraso, para lo que ha reforzado el equipo de trabajo con seis personas en enero y siete en febrero.
Ambas partes también colaborarán en buscar soluciones en las zonas de regadío, dentro de la libertad de empresa, para hacer las actividades compatibles para lo que se baraja la posibilidad de la agricultura ecológica dentro de planta fotovoltaica.
Comisión renovables
En el ámbito energético, hoy también se ha constituido en las Cortes de Aragón la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en la comunidad aragonesa y la actuación del INAGA en este proceso.
Esta comisión fue presentada en pleno por PP y VOX el pasado 16 de noviembre, saliendo adelante con los votos a favor de Aragón-Teruel Existe, CHA, PAR, IU y Podemos y la abstención del PSOE. Está previsto que las reuniones arranquen la próxima semana.
