El Consejo Europeo de Energía ha aprobado este martes la reforma del mercado eléctrico. De este modo, se inicia ahora el último trámite pendiente que consistirá en la negociación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo para cerrar un acuerdo definitivo y que puede comenzar este próximo 19 de octubre. Francia, que se ha visto ganadora en esta primera batalla, ya ha lanzado un advertencia clara: si los equilibrios alcanzados no se mantienen, no habrá acuerdo.
La reforma aprobada por el Consejo tiene como objetivo estabilizar los mercados eléctricos a largo plazo mediante acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA), una mayor generalización de los llamados contratos por diferencia (CfD) así como un incremento de la liquidez de los mercados a plazo, un extremo que por ejemplo en España supone una queja habitual de las comercializadoras independientes.
Los Estados miembros han acordado que promoverán la adopción de PPA voluntarios, eliminando los obstáculos existentes y tratarán de dotarlos de una mayor trasparencia. Las medidas pueden incluir, entre otras cosas, sistemas de garantía respaldados por el Estado a precios de mercado -como ya ocurre en España-, la entrega de garantías privadas o métodos para agrupar la demanda.
Los CFD -el punto más delicado de la negociación- serán el modelo obligatorio que se utilizará cuando la financiación pública esté involucrada en contratos a largo plazo, con algunas excepciones. Estos acuerdos se aplicarán a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía basadas en eólica, solar, geotermia, hidroeléctrica y nuclear.
Los CFD se podrán utilizar para centrales nuevas o para el repowering de anterior que o bien incrementen su capacidad o su vida útil en el caso de las nucleares.
Las normas para los CFD solo se aplicarían después de un período transitorio de 3 años (5 años para los proyectos de activos híbridos offshore conectados a dos o más zonas de licitación) tras la entrada en vigor del reglamento, con el fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso.
El Consejo ha agregado también flexibilidad esobre la redistribuirían los ingresos generados a través de los CFD. Este dinero debe permitir financiar a los clientes finales -previsiblemente los vulnerables- y también para afrontar costes del sistema o las inversiones destinadas a reducir el precio de la electricidad para los clientes finales con la vista puesta, principalmente, en la industria.
Los mecanismos de capacidad son medidas de apoyo que los Estados miembros pueden introducir para remunerar a las centrales eléctricas con el fin de garantizar la seguridad del suministro eléctrico a medio y largo plazo. El Consejo ha acordado eliminar el carácter temporal de dichas medidas, lo que abre la puerta a avanzar en el sistema que se puso sobre la mesa en 2021 en España y que permitiría salvar a los ciclos combinados que hoy están amenazados de cierre.
El Consejo ha introducido una excepción a los requisitos vigentes relativos a los límites de emisiones de CO2 para que los productores reciban apoyo de los mecanismos de capacidad, en condiciones estrictas y hasta el 31 de diciembre de 2028.
Los Estados miembros también coincidieron en que es necesario simplificar los procedimientos de aprobación de los mecanismos de capacidad. El Consejo propuso cambios centrados en la racionalización del procedimiento como pedía España. Asimismo, pidió a la Comisión que presentara un informe detallado en el que se evaluaran otras posibles formas de simplificar el proceso. El informe irá seguido de propuestas para simplificar este trámite tres meses después de la entrada en vigor del reglamento.
Los Estados miembros podrán aplicar también un límite a los ingresos excesivos de los generadores inframarginales hasta el 30 de junio de 2024 (las mismas condiciones que las establecidas el 6 de octubre de 2022), lo que en principio podría abrir la puerta a extender el límite de 67 euros que hay ahora mismo en el mercado español y que se preveía que pudiera acabar a finales de este año.
