El Ministerio de Transición Ecológica presentó ayer una revisión del Plan Nacional de Energía y Clima elevando de nuevo los objetivos sobre las exigencias marcadas por Bruselas. Una vez más, el Gobierno español quiere ir por delante de las cifras comunitarias y lanza una serie de previsiones que en el sector se miran con cierta incertidumbre y de las que además el Estado no se puede desdecir una vez que hayan sido aprobadas por el Ejecutivo comunitario. Ayer las reacciones al documento eran variadas, desde las organizaciones ecologistas que lo calificaban de insuficiente hasta las voces empresariales que aseguraban que era irrealizable por los riesgos de retroceso en la demanda así como por la situación financiera, los problemas en la cadena de suministro y el creciente riesgo de incremento de 'curtailments' si no se acompasa el crecimiento de la demanda con la oferta.
Ribera abre ahora un plazo de consulta pública que finalizará el 4 de septiembre, es decir, prácticamente cuando tenga que tomar las riendas el Gobierno que salga de las próximas elecciones del 23 de julio.
El Partido Popular ha dejado claro que si gana cambiará algunas de las medidas introducidas en este documento, como el cierre de las centrales nucleares, pero lo cierto es que tampoco ha concretado en qué medida. Las eléctricas españolas no mantienen una posición unánime al respecto y de hecho la apuesta ahora mismo de las empresas pasa por una prórroga del cierre de solo cinco años para algunas de las plantas con el objetivo de contar con cinturón y tirantes en materia de seguridad energética.
El Gobierno, no obstante, ha asegurado que REE ha llevado a cabo los estudios pertinentes y en ellos se certifica que no existirá un riesgo de suministro en España. Por otro lado, el documento enviado ha hecho caso omiso a varias de las recomendaciones de la Comisión Europea.
Incógnitas pendientes como reabrir el Castor o cinco años más para las nucleares
Bruselas animaba a los Estados a llevar a cabo un análisis sobre la capacidad anual de almacenamiento geológico de CO2 que puede estar disponible, así como el que resulte tras la explotación de los depósitos de hidrocarburos pero el documento deja estas opciones en una simple medida de investigación. A lo largo de los últimos meses han surgido voces animando a utilizar el almacén Castor para este propósito, un extremo que parece improbable por el elevado riesgo político que supondría esta medida.
La Comisión Europea ha pedido también a los Estados miembros que presenten por primera vez un análisis actualizado y comparado con el momento de presentación de los informes de situación sobre los precios de la electricidad y del gas. El Gobierno, no obstante, ha decidido dejar fuera esta medida ya que considera que dependerá de la reforma del mercado mayorista de la electricidad que se apruebe. Los plazos, por lo tanto, son muy apurados tanto para el Gobierno como para la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario que tiene que dar el visto bueno a estas reformas será el que salga de las elecciones europeas que se celebren del 6 al 9 de junio del año que viene. Por el momento, lo único que parece claro es que se necesitará una gran confianza de los inversores para poder llevar este plan a buen puerto.
