La disputa entre los fondos internacionales y el Gobierno español por los arbitrajes de las renovables se encuentra en un momento clave. Según Nick Cherryman, socio del bufete Kobre & Kim, antes de finales de año pueden materializarse varios de los embargos solicitados para tratar de cobrar los laudos emitidos por el Banco Mundial.
Cherryman indicó que la situación de España es excepcional porque la mayoría de países europeos pagan sus deudas y añadió que no es una situación deseable y se resolverá por las buenas o las malas.
En el proceso de embargo en el caso de España se han dado pasos para inmovilizar inmuebles y cuentas bancarias en Reino Unido, así como emisiones de deuda en EEUU y se está avanzando con otros activos en Australia.
Cherryman insistió en que "más de 100 árbitros internacionales han reconocido la legitimidad de las reclamaciones de los fondos" y añadió que el propio estado español lo hizo al reclamar el pago correspondiente en los casos que ganó.
"En este tipo de casos un país está arriesgando a caer en un escenario de quiebra técnica, así como en un problema en su calificación crediticia por no buscar una solución", indicó el representante de los fondos.
Del mismo modo, Lena Sandberg, socia de Gibson, Dunn & Crutcher, explicó que España está tratando de retrasar los pagos amparándose en una presunta ayuda de estado inexistente. Para Sandberg incluso aunque se admitiera que este punto es correcto, la situación habría prescrito al haberse superado los diez años desde la adopción del sistema de primas para las renovables.
Antin vuelve a invertir pero asegura que ahora lo hace con "más cuidado"
Por último, Nikos Lavranos, fundador de la consultora NL Investment Consulting aseguró que en este momento el estado español ha sido condenado ya a pagar 1.161 millones, a los que se añaden 119 millones en concepto de intereses.
España, además, lleva gastados 129 millones en bufetes de abogados y consultoras para apoyar a la Abogacía del Estado, lo que eleva la factura a 1.300 millones.
Lavranos explicó que España es el segundo país con mayor número de laudos pendientes de pago, al nivel de Rusia y Venezuela. Luego hay países en el índice 22 que son los que no pueden pagar, pero sorprende ver a España con estos problemas.
Los tres representantes de los fondos de inversión reclamaron al futuro Gobierno que adopte una solución a esta situación para recuperar la confianza de los inversores. Cherryman, que representa a los derechos de Antin, eludió valorar la vuelta del fondo francés a España con el lanzamiento de una opa sobre Opdenergy y se limitó a asegurar que ahora "para invertir en el sector se hace con más cuidado".
