Las energéticas logran cumplir con éxito el segundo gran hito en la tramitación de sus parques renovables. Más de 950 proyectos de energías limpias valorados en más de 57.600 millones han logrado en el último año cumplir el calendario burocrático para su evaluación final, según ha podido saber elEconomista.es.
La gran mayoría de los proyectos que habían conseguido la declaración de impacto ambiental (DIA) antes de 25 de enero han obtenido la autorización administrativa previa (AAP) antes del plazo marcado por el Gobierno, el pasado 25 de abril. Se trata de las dos primeras etapas burocráticas que las compañías energéticas debían superar para la puesta en operación de sus nuevas instalaciones. Ahora, se enfrentarán al tercero y último de los grandes hitos, la obtención de autorización administrativa de construcción, antes del 25 de julio.
Según datos recopilados por este diario, Naturgy ha recibido la AAP para más de 1.000 MW, entre los que se incluyen proyectos más avanzados. Concretamente, ha logrado el aprobado para la veintena de proyectos que está desarrollando en las distintas comunidades autónomas donde esta presente. En el caso de Galicia (donde se resolvía de forma simultánea la consecución de los hitos de autorización administrativa previa y de construcción) ha logrado acreditar el cumplimiento de sus ocho proyectos eólicos.
Cepsa, por su parte, ha recibido a AAP de nueve proyectos de 1.052 MW. Seis están localizados en Toledo y uno Madrid, de un total de 795 MW, mientras que los dos restantes se ubican en Cádiz de 257 MW. En el caso de la firma de renovables EDP, son 1.100 MW verdes los que han recibido la autorización previa.
Opdenergy ha obtenido informe favorable para la totalidad de sus proyectos en España, que suman 2.320 MW. De toda esa capacidad, 96 MW corresponden a proyectos ya construidos, 806 MW a proyectos en fase de construcción, 1.101 MW a proyectos para el acuerdo de venta de activos con Bruc y 317 MW a proyectos a ejecutar.
Por su parte, Solaria ha conseguido AAP para 3.985 MW. Dentro de los proyectos con autorización previa positiva se incluyen emblemáticos parques fotovoltaicos de la compañía, como Cifuentes-Trillo (Guadalajara), Garoña (Burgos) y Villaviciosa (Toledo-Madrid).
TotalEnergies y Soltec también han obtenido las autorizaciones administrativas previas para los proyectos Luminora Solar Dos y Luminora Solar Tres en la Región de Murcia, según comunicaron la semana pasada. Ambas plantas, que suman 290 MW en co-desarrollo, donde TotalEnergies ostenta el 65% y Soltec el 35%, impulsarán la creación de 3.314 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción.
Gran atasco
En los últimos meses las renovables han advertido del gran atasco al que se enfrentará el sector. El Gobierno concedió en 2021 un plazo adicional a los proyectos renovables en tramitación para obtener los permisos medioambientales con el objetivo de evitar que un gran volumen de proyectos perdiese su acceso a la red.
El problema se encontraba en la falta de recursos de la administración para atender la avalancha de proyectos que tenía sobre la mesa. Las comunidades autónomas y el Gobierno central no eran capaces de contestar en plazo ni a las DIA, ni a las autorizaciones administrativas previas, ni a las autorizaciones de construcción, lo que provocó un gran retraso en los proyectos de renovables.
"Aquellos proyectos que no tengan muy bien engrasada la cadena de suministro experimentarán grandes problemas"
De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) comunicó a finales del pasado febrero la creación de una División de Proyectos de Energía Eléctrica, dependiente de la Dirección general de energía, para acelerar todo el proceso burocrático.
Tras la obtención de la declaración ambiental y la autorización previa, las plantas deberán obtener la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio. Con todo, el Ejecutivo no ha incrementado el plazo total impuesto para ejecutar estos proyectos.
Según advierten las compañías del sector, aunque los proyecto logren obtener todos estos permisos, es imposible construir toda la capacidad aprobada por el Gobierno y las autonomías en el plazo actualmente establecido. Y es que aquellos proyectos que no tengan "muy bien engrasada" la cadena de suministro experimentarán grandes problemas a la hora de firmar los cierres financieros, debido al riesgo de no finalizar las obras en 15 meses.
Revisión del PNIEC
Paralelamente, el Gobierno ha iniciado la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que deberá enviar a Bruselas el próximo mes de junio. Estudiará la planificación de la red de transporte eléctrica en la que deberá incluir los nuevos proyectos de inversión relacionados con el hidrógeno y avanzar en el tamaño de la red. Asimismo, podrá aumentar el límite máximo de inversión para la red de transporte en los próximos meses siempre que se puedan financiar los proyectos adicionales dentro del plan de recuperación y resiliencia.
