La Corte Suprema de Australia ha fallado a favor del fondo Antin para ejecutar el laudo por el recorte de la retribución a las renovables que obliga al Gobierno español a desembolsar 101 millones de euros, lo que supone cerca del 10% de la cantidad que el Gobierno español debe a los fondos tras perder el arbitraje en el Banco Mundial.
Este proceso se inició cuando Antin presentó ante la justicia australiana el laudo pendiente de pago el 25 de junio de 2021. Los titulares de los laudos Antin también han iniciado procedimientos judiciales de ejecución en los EE.UU. y Reino Unido, con acciones similares para embargar bienes del Gobierno español con el fin de recuperar las deudas impagadas.
El gobierno español intentó frenar su registro, pero con esta decisión queda totalmente reconocida la deuda con el fondo y, lo que es más importante, se permite a las empresas pedir acciones de protección como el embargo e incautación de activos del Reino de España en el país. Un extremo que ya se está produciendo en Reino Unido con el embargo de la sede del Instituto Cervantes y la Agencia per a la Competitivitat de la Empresa, además de una cuenta abierta en el Banco Santander o de parte de ñla indemnización correspondiente al vertido del Prestige.
En el punto de mira ahora están edificios de instituciones oficiales (por ejemplo, nuevas sedes del Instituto Cervantes), las inversiones de Navantia en el país, cuentas bancarias y activos financieros, etc. El proceso de rastreo de activos ya está, de hecho, completado, de modo que las peticiones de embargo ante la justicia australiana se harán en los próximos días.
La Corte condena también a España a pagar las costas del proceso. Cabe recordar que el gobierno se ha gastado ya más 70 millones de euros para intentar evitar el pago de las indemnizaciones a las que España ha sido condenada.
Por contra, los fondos recibieron también una noticia contraria en Estados Unidos donde se ha rechazado la solicitud de ejecución de otro laudo por 26,5 millones de euros de AES Solar Energy Coöperatief UA y Ampere Equity Fund BV contra España.
El juez de un tribunal de Washington ha considerado que España carecía de capacidad jurídica para aceptar el arbitraje, relacionado con los cambios normativos del Gobierno español en su política de ayudas estatales a las energías renovables, con arreglo a la legislación de la Unión Europea.
Previamente, un juzgado holandés había considerado que se pueden ejecutar los laudos en EEUU.