Iberdrola se libra definitivamente de la multa de 432 millones de euros que el Gobierno mexicano pretendía imponerle por un presunto incumplimiento de la normativa de autoabastecimiento. Según ha indicado la compañía esta misma mañana en una reunión con analistas para explicar la operación de venta de 13 plantas energéticas en el país, los problemas regulatorios que la compañía tenía en el país se producían principalmente en los activos de los que ahora va a desprenderse y, por lo tanto, dichos asuntos salen del perímetro de la compañía.
La eléctrica española consiguió que en julio del año pasado, un juez federal suspendiera la aplicación de esta elevada sanción: una de las mayores impuestas en la historia del país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó entonces que se trataba de un asunto de la Comisión Reguladora de la Electricidad que "está fundado y tienen que pagar la multa, también pueden acudir a otras instancias y al Poder Judicial, pero de que está fundada la sanción, no tengo duda".
La decisión del juez no eximía en aquel momento del pago de dicha sanción ya que la suspensión era simplemente cautelar por el uso de una figura que, según las autoridades, no estaba recogida en la Ley de la Industria eléctrica.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer durante el acto de firma del acuerdo entre la eléctrica española y su Gobierno que la venta de cerca del 80% de la potencia instalada de la compañía en el país se trata de una "nueva nacionalización"
