El Gobierno continúa pisando el acelerador para el desarrollo de las energías renovables en España. En los últimos cinco días y tras la fecha de corte para la pérdida del punto de acceso y conexión, el departamento que dirige Teresa Ribera ha resuelto la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de 27 proyectos que suman un total de 4.842 megavatios (MW), lo que equivale a 5.000 millones de inversión.
A finales de 2021, alrededor de 60.000 MW de proyectos de renovables estaban en riesgo de perder sus permisos de acceso a la red eléctrica si el Gobierno no les otorgaba una solución a los problemas administrativos existentes. De los cerca de 40.000 MW de energía eólica que había con el punto de conexión concedido, alrededor del 50% estaban en riesgo de perderlo entre diciembre y abril.
Asimismo, en el caso de la fotovoltaica, de cerca de los 100.000 MW que había concedidos, un 40% podrían haber caducado. De este modo, de los 140.000 MW renovables que deberían contar con la Declaración de Impacto Ambiental, unos 60.000 MW ni siquiera habían iniciado entonces el trámite de información pública.
De conformidad con el Real Decreto-ley 23/2020, los permisos de acceso concedidos desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico y antes de la entrada en vigor del real decreto-ley caducaban a los cinco años si no se obtenía la autorización de explotación definitiva.
Ante esta situación, el Gobierno decidió conceder una prórroga de nueve meses más para llevar a cabo la tramitación de estos proyectos. Transcurridos estos plazos, el Ejecutivo estaba decidido a dejar sin permisos a los promotores, con el objetivo de limpiar la capacidad de acceso para evitar la especulación existente en estos puntos de suministro. Sin embargo, el problema surgió por la falta de recursos para poder atender la avalancha de proyectos. Ni el Gobierno ni las CCAA podían contestar en plazo a todas las autorizaciones necesarias.
Así, el MITECO está aprovechando el margen de un mes más para poder terminar de tramitar los permisos a las plantas que lograron presentar la documentación en tiempo y forma y que serían susceptibles de abrir una ola de demandas por daño patrimonial. Tras la obtención de la declaración de impacto ambiental, los proyectos que han recibido el visto bueno de la administración contarán con un plazo máximo de 3 meses para cumplir el siguiente hito fijado por el Gobierno.
Las regiones donde más proyectos se han aprobado son Andalucía y Aragón. Andalucía ha aprobado proyectos por 12 gigavatios (GW) mientras que Aragón ha dado el visto bueno a 20.000 MW.
