Las grandes empresas españolas han hecho oídos sordos a las peticiones de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el plan de ahorro energético.
Tres meses después de su aprobación, el Gobierno sigue esperando los compromisos de ahorro que pidió a las grandes compañías de nuestro país. Ni las empresas estatales como Renfe, Aena, Adif o Navantia, ni las empresas de participación estatal como Red Eléctrica, Indra o Caixabank han atendido la solicitud del Gobierno.
La única excepción a esta situación la protagoniza Enagás, que se ha convertido en la única empresa española que ha comunicado sus compromisos de ahorro al Gobierno desglosando sus actuaciones para reducir el consumo de energía.
El Consejo de Ministros aprobó el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE) el pasado 11 de octubre, con 73 medidas destinadas a incrementar la protección frente a la crisis de precios energéticos provocada por la guerra en Ucrania.
La intención del plan era reducir el consumo de energía para alcanzar los compromisos europeos y reforzar las infraestructuras energéticas para potenciar la exportación de gas natural a Francia, Italia y el resto de la UE como medida de solidaridad.
Dentro de este plan, el Gobierno incluyó como medida número 20 una invitación a las empresas, en particular las grandes compañías, a elaborar y publicar Planes de contribución al ahorro energético, en los que identificasen aquellas acciones de ahorro, eficiencia energética y sustitución por renovables que ofrecieran una mayor rentabilidad y viabilidad en el corto plazo, así como aquellas implementadas hasta el momento.
El Ejecutivo daba tres meses de plazo para publicar las medidas de eficiencia
Según explica el Ministerio en los documentos, la publicación de estos planes permite poner de manifiesto el compromiso de las empresas con una mayor seguridad energética y protección de los consumidores en el contexto actual, así como generar un efecto tractor, demostrando la diversidad de soluciones en cada sector de la economía.
Estos planes estaba previsto que se cargarán en un plazo de tres meses en la plataforma electrónica habilitada al efecto por el Ministerio para la Transición Ecológica para que fuesen públicamente accesibles. Posteriormente, las empresas podían reportar cada 6 meses los avances en la implementación de los respectivos planes.
Sin respuesta
Transcurridos estos tres primeros meses, sólo Enagas ha atendido al requerimiento del Gobierno y eso que recurrentemente la propia vicepresidenta ha insistido en sus análisis mensuales sobre la marcha del plan de ahorro y la necesidad de estos compromisos.
Las grandes empresas, de acuerdo con el Real Decreto 56/2016, deben contar con auditorías energéticas o sistemas de gestión energética, que faciliten la identificación de las medidas más inmediatas o con mayor retorno de ahorro en función de la inversión. Concretamente, las grandes empresas (a partir de 50 millones de euros de facturación o más de 250 trabajadores) están obligadas desde 2016 a elaborar dichas auditorías energéticas, que deben actualizar cada 4 años, o contar con sistemas de gestión de la energía.
Estas auditorías, en opinión del Gobierno, "son una herramienta clave no solo para el ahorro energético, sino también para la competitividad del sector, puesto que se deben basar en criterios de rentabilidad en el análisis del coste del ciclo de vida: es decir, las medidas que en ellas se identifiquen tienen en cuenta las inversiones necesarias, sus ahorros a largo plazo y otras variables económicas relevantes".
El chantaje energético impulsado por el gobierno ruso ha disparado el precio del gas natural en Europa con el consiguiente "efecto contagio" sobre otros vectores energéticos como la electricidad.
Es por ello que se incrementa significativamente la rentabilidad de las medidas identificadas en auditorías energéticas llevadas a cabo en los últimos años: el ahorro que suponen para la empresa, y por tanto su competitividad en un contexto europeo, se incrementa significativamente en la medida que se consigue un mayor ahorro económico por la energía ahorrada.
A su vez, existe una diversidad de programas de ayuda a la implantación de renovables o eficiencia energética en distintos sectores, mientras que el Plan de ahorro impulsa el desarrollo de hojas de ruta o planes sectoriales que ayuden a a identificar posibles medidas de ahorro relevantes. Por su parte, las Comunidades Autónomas participarán en la difusión de las oportunidades de la transición energética, con un acompañamiento a las empresas en el seguimiento de su consumo y adopción de medidas de ahorro, aprovechando el marco normativo y de ayudas existente.